El agua es un recurso renovable pero limitado, indispensable para la subsistencia. Su potencial económico es un hecho, y prueba de ello es que el famoso inversor que descubrió la burbuja de las subprime, Michael Burry, tiene ahora como principal apuesta este bien natural. De hecho, en el foro de Davos ya se advirtió que una de las mayores crisis a las que se enfrenta la humanidad es la del agua.
Por ello, su gestión y gobernanza es un asunto que cada vez preocupa más a los gobiernos. Pero en Cataluña, este asunto ha generado más polémica y enfrentamientos que en el resto del estado. Los conflictos por copar la gestión de este recurso cada vez más preciado han desembocado en una auténtica guerra que va camino de perjudicar los intereses de dos empresas: Acciona y Agbar.
ATLL, la mayor privatización
Lo que debía ser una vía de escape para el ejecutivo de Artur Mas en 2012 y así lograr sanear las maltrechas cuentas catalanas, se ha convertido en un conflicto que dura ya casi cuatro años. El objetivo de Mas era reducir el déficit de la Generalitat en unos 1.000 millones ante unas inminentes elecciones con la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), la empresa pública que abastece de agua a las compañías suministradoras del Área Metropolitana de Barcelona y otras comarcas, con más de 4,5 millones de habitantes.
Pero la salvación se convirtió en una maldición ante, posiblemente, el mayor pufo de Artur Mas al frente del Govern. Los dos pretendientes que aspiraban a la gestión de ATLL durante los siguientes 50 años eran dos consorcios encabezados por Aigües de Barcelona (Agbar) y Acciona. Las prisas y la asfixia financiera hizo que la Generalitat adjudicara finalmente el contrato a Acciona y su socio brasileño BTG Pactual, todo en plena transición de una legislatura a otra.
De hecho, el principal valedor de la empresa de José Manuel Entrecanales en la Generalitat fue el conseller de Territorio, Lluís Recoder, que justo después de firmar la privatización en plenas fiestas navideñas, renunciaría a su escaño y ficharía por KPMG, consultora que trabaja precisamente con Acciona. Pero el lío mayúsculo vendría tan sólo seis días después de la adjudicación. El órgano de control de los contratos de la Generalitat (OARCC) excluyó a Acciona de la misma por incumplir los plazos de obras a razón de una denuncia de Agbar.
Esto dio pie a una batalla judicial entre Agbar, Acciona y la Generalitat, que ha llegado al Tribunal Supremo e incluso a la Comisión Europea. Se han producido situaciones tan paradójicas como que la Generalitat se autodenunciara, ya que el OARCC depende de la propia administración catalana.
Los tribunales han dado la razón a Agbar, pero el Supremo aún tiene que pronunciarse sobre algunos recursos. Como colofón, en los últimos meses, la Oficina Antifraude ha publicado un informe en el que revela que Acciona facturó presuntamente 13,3 millones de forma irregular mediante facturas injustificadas. Si hubiera infracción o el Supremo fallara en contra, el Govern, liderado por Junts pel Sí, podría expulsar a Acciona de ATLL con un coste mínimo. Acciona ha cifrado en unos 298 millones el valor de la expropiación, equivalente a lo que abonó la compañía de Entrecanales cuando firmó la privatización.
Lo que no se repetiría es el concurso, pues el Parlament aprobó una resolución que pretende que ATLL vuelva a ser pública. Con lo que la gestión del agua en alta pasaría, en primer lugar, a depender de la Agencia Catalana del Agua (ACA), para luego integrarse en una sociedad participada en su totalidad por la Generalitat.
Agbar y Colau, frente a frente
Agbar tiene su mayor contrato en Cataluña con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), por el que gestiona el ciclo integral del agua para casi 3 millones de personas. Precisamente, Agbar compra el agua a ATLL (que se encarga de captarla de los ríos y potabilizarla) para luego suministrarla a los hogares.
Esto también podría cambiar, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el contrato. El motivo es que en 2012, el Gobierno del AMB encabezado por el exalcalde de CiU Xavier Trias no convocó un concurso para la adjudicación pública del servicio. En tal caso, el TSJC considera que no se dieron suficientes argumentos para no celebrar el concurso, algo que habían denunciado Acciona, Aqualia y Aguas de Valencia.
El fallo no es firme, ya que es recurrible ante el Tribunal Supremo. Y aunque Agbar ya ha anunciado que lo hará, Ada Colau (alcaldesa y por ende presidenta de la AMB) no va a mover un dedo. Incluso, su intención es que esta sentencia sirva "como punto de inflexión" y apostar por la gestión pública.
Agbar recuerda que a Berlín le costó 2.000 millones remunicipalizar el agua. En este caso, a Barcelona le costaría unos 500 millones.
El delta del Ebro, contra el plan hidrólogico
El plan hidrológico de la cuenca del Ebro, que aprobó el pasado enero el Gobierno de Rajoy, encendió las alarmas en el delta con masivas manifestaciones, equivalentes a las de los años 2000 y 2001 con el Plan Hidrológico Nacional (PNH) de Aznar. El Gobierno no hizo caso de las reclamaciones catalanas para aumentar el caudal mínimo del tramo final del río y lo ha fijado en 3.000 hectómetros cúbicos. La Generalitat, las comunidades de regantes y la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) pactaron un caudal mínimo de entre 5.871 hm3 en años de sequía, y 9.907 hm3.
La zona corre peligro si se ejecuta el plan de cuenca. Lo que más preocupa a las asociaciones de la zona es el aumento de la salinización, ya que el delta no resistiría el embate del mar, lo que afectaría a los pozos de agua próximos al río. Otro de los peligros que correría el ecosistema es el incremento de los periodos de anoxia (falta de oxígeno en el agua) y sus consecuencias en la biodiversidad de la zona. No solo se vería afectado el ecosistema natural; también el económico. JxSí politizó esta manifestación, cuando CiU promovió junto a Aznar un plan similar.
