El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contaba en el PSOE con un Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (Capte). Este grupo, dirigido por Teresa Ribera, actual ministra de Transición Ecológica, presentó el pasado marzo un documento titulado Propuesta de Bases para una estrategia de transición energética que se convierte en una hoja de ruta para el nuevo Ejecutivo, ya que una parte de sus autores ocupa en estos momentos puestos de responsabilidad en la materia.
El grupo de expertos del PSOE plantea liquidar los saldos pendientes de los Costes de Transición a la Competencia percibidos por las eléctricas en favor del sistema. Según dicho análisis, las eléctricas deberían devolver 1.500 millones de euros para destinarlos a la creación de un Fondo contra la pobreza energética. La intención de este fondo consistiría en mitigar los incrementos en el precio de la electricidad (bien a través de ayudas directas o de inversiones en eficiencia energética) para los hogares y curiosamente industrias vulnerables.
Las propuestas del Capte van más allá y muchas se encuentran en línea con las primeras declaraciones realizadas por la propia ministra a lo largo de estas semanas.
Según el análisis que realizan los expertos de este grupo, el parque de generación histórico (nucleares e hidráulicas) ha sido sobreretribuido con un importe que dependiendo de los años ha variado entre los 1.000 y 3.000 millones anuales y que han sido los causantes del déficit tarifario que alcanzó los 30.000 millones y que añaden el "Gobierno del PP ha pretendido mitigar con medidas como un recorte a la retribución de las actividades reguladas -incluida la generación con renovables- así como la introducción de impuestos a la generación que en realidad se traspasan al consumidor en forma de mayores precios".
Recibo excesivo
Según el informe "el diseño actual de la regulación eléctrica no ofrece garantías ni a los consumidores que podrían estar pagando la electricidad en exceso, ni a las empresas que podrían ver infrarretribuidas sus inversiones".
Para el nuevo Gobierno, la retirada del carbón es poco menos que inevitable en 2025, afectará principalmente al carbón importado y apenas tendrá repercusión en la minería nacional donde hay 2.300 trabajadores en total. No obstante, se considera necesario un plan para las comarcas afectadas por estos cierres de centrales.
En lo que respecta a las centrales nucleares, la propuesta es muy clara: el cierre ordenado a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida. Los autores además no dan opción al debate de la seguridad de suministro antes de que se abra y aseguran que "no existe ninguna barrera técnica que impida su cierre en el horizonte 2025" y plantean resolverlo con más renovables y centrales de respaldo de gas.
El informe calcula que "teniendo en cuenta que el coste de la energía supone un 40% de la factura final, el incremento que tendría en términos porcentuales un impacto menor sobre las tarifas eléctricas de los hogares. Para un hogar medio, supondría un incremento en el gasto medio mensual en electricidad de entre 14 céntimos y 1,2 euros. De hecho, los autores consideran que los cálculos son conservadores y ven incluso ahorros.
Transporte
Otra de las llamativas propuestas que realiza este grupo es que a partir de 2030 los centros de las ciudades de más de 100.000 habitantes se declaren libres de vehículos basados en combustibles fósiles y se extendería al resto a partir de 2035. Asimismo, se pretende que el 25% de las flotas del parque público sean vehículos eléctricos. La intención es que en 2030 exista un parque de 2,25 millones de unidades y se alcance una penetración en el mercado del 55% ese año.
Los autores del informe para el PSOE son el actual secretario de estado de Energía y expresidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, junto con Antxón Olabe (asesor de la ministra), Natalia Fabra, profesora de la Universidad Carlos III , Mikel González Eguino, profesor de investigación en el Centro Vasco para el Cambio Climático; Josep María Serena, consejero delegado de Auma Consultores de Medio Ambiente; Julio Lumbreras, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y Roberto Ruiz, presidente de la Asociación de Ciencias Ambientales. Curiosamente, ninguno de ellos participó representando al PSOE en el comité de expertos del anterior Gobierno formado por Luis Atienza, Cristóbal Gallego, Pedro Linares, Josep Sala y Prat, Txetxu Sáenz de Ormijana, Guillermo Ulacia, Jorge Aragón, Javier Arana, José Luis de la Fuente, Miguel Duvison, Ignacio Grangel, Óscar Lapastora, Jorge Sanz y Diego Rodríguez.
Opiniones distintas a los expertos
El informe de la Comisión de Expertos del anterior Gobierno indicaba que en los distintos escenarios que manejaban para 2030 era inviable el cierre de las centrales nucleares, tanto por la subida de precios de la electricidad como por el gran incremento de las emisiones, una opinión radicalmente distinta a la planteada por los expertos del PSOE. Las unidades I y II de la central de Ascó tienen la licencia en vigor hasta octubre de 2021. La central de Almaraz, que puede operar hasta 2020, solicitó su renovación en junio 2017. Cofrentes tiene permiso hasta el 20 de marzo de 2021 tras renovar por diez años en 2011, la planta de Trillo, estará activa hasta el 17 de noviembre de 2024 y la central de Vandellós II (Tarragona) vence en 2020, tal y como explica Ahorro Corporación. La entidad considera que la decisión sobre las nucleares abre un frente regulatorio a Endesa (las amortiza a 50 años) mientras que se puede beneficiar de la retribución a las energías renovables.
