Los numerosos beneficios fiscales del sistema fiscal español generan pérdidas de recaudación, así como posibles distorsiones sobre la eficiencia y la equidad. Así al menos lo estima el Banco de España en su Informe Anual de 2017, donde alerta de que las "numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos" alteran la capacidad recaudatoria de las Administraciones Públicas. Esta recomendación llega un día antes de que se vote el dictamen del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, donde el Estado prevé un incremento del 9,3% en los beneficios fiscales del total, hasta los 34.825 millones de euros.
El supervisor recuerda que aunque España ha conseguido reducir su déficit público, este descenso "se debió a la mejora cíclica de la economía y al retroceso en el gasto en intereses", pero el desequilibrio presupuestario estructural continúa siendo pronunciado y "la corrección del elevado endeudamiento del sector está manifestándose, hasta la fecha, muy modesta". En concreto, en el caso de España, tanto la ratio de deuda pública sobre el PIB como el déficit público estructural se mantienen en niveles alejados de los límites establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, "lo que exigirá proseguir el proceso de consolidación fiscal en los próximos años", sostiene el regulador.
Del lado de los ingresos, la entidad también incide en la escasa recaudación de algunos tributos, y ve margen "para considerar una revisión y definición de la cesta de impuestos hacia estructuras más favorables al crecimiento potencial". Es decir, sugiere ganar peso en la imposición al consumo –subir el IVA- e incrementar impuestos especiales, en particular medioambientales. La recomendación sobre el IVA se ha convertido en clave para un gran número de instituciones, que insisten en que el Gobierno tiene margen para elevar el tributo y aumentar la recaudación. Así lo considera el FMI en cada alocución pública que efectúa sobre nuestro país.
Cabe recordar que a finales de 2016, cuando España se desvió casi un punto del objetivo de déficit, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, prometió la creación de una cesta de impuestos medioambientales que permitirían una recaudación extra de 500 millones. Esa propuesta, junto a la de gravar las bebidas azucaradas, nunca vio la luz por presiones en el seno del PP.
Del lado del gasto, en España, "parece existir margen para seguir avanzando en aumentar la eficiencia y reorientar su composición hacia aquellas partidas con mayor incidencia sobre la acumulación de capital físico, tecnológico y humano, y, en consecuencia, sobre la productividad total de los factores". Cabe decir a este respecto que, a día de hoy, el Ejecutivo quiere meter la tijera en el ámbito de las subvenciones –más de 11.000 millones al año-, pero para saber por donde tocar la partida ha encargado un estudio a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).