La petición de auxilio al Fondo Monetario Internacional (FMI) puede salir muy cara al presidente argentino, Mauricio Macri. La concesión del crédito para paliar el desplome del peso, que ronda los 30.000 millones de dólares (unos 25.000 millones de euros), se condicionará a la implantación de un plan de estabilidad macroeconómica que amenaza con exigir un severo ajuste que acecha la carrera electoral del actual inquilino de la Casa Rosada, de cara a las elecciones presidenciales que el país celebra en 2019.
Si hay una fecha marcada en la memoria de los argentinos es el 3 de diciembre del año 2001. Aquel día, el Gobierno limitó la libre disposición del dinero en efectivo depositado en las entidades bancarias. El entonces presidente, Fernando de la Rúa, no era consciente en ese momento de que acababa de dar vida a un nuevo término, el corralito, que se acuñó en Argentina y se ganó la mala fama a nivel mundial.
El fantasma de 2001
El fantasma del colapso de 2001, consecuencia de las durísimas condiciones impuestas por el Fondo para la aprobación de un préstamo de 40.000 millones de dólares, se cierne dos décadas después sobre una población que desconfía de la institución y sobre una oposición política que ya anticipa un ajuste "brutal" y exige conocer cuanto antes las condiciones del acuerdo entre Macri y Christine Lagarde.
Así lo expresaron ayer a las puertas del Congreso en Buenos Aires varios diputados de los principales partidos de la oposición. Mientras, aquí en España, el Ejecutivo de Mariano Rajoy mostró "todo su respaldo y solidaridad" al presidente argentino, desde la empatía de un país que tuvo que pedir 100.000 millones de euros en 2012 para salvar a la banca, de los que finalmente se usaron 40.000 millones.
En una misiva, el Gobierno español dio la "bienvenida" a la disposición expresada por el FMI para entablar diálogo con las autoridades del país latinoamericano "para fortalecer la credibilidad de la economía argentina en los mercados financieros internacionales".
Debilidad económica del país
Hay que recordar que Macri ha pedido auxilio al Fondo en un momento en el que el país presenta una enorme dependencia de la inversión exterior, con un déficit fiscal del 3,2% del PIB, un desfase en su balanza de pagos del 5,1% y un volumen de deuda exterior (más del 30% del PIB) que supone el 260% de las exportaciones.
En un contexto en el que la inflación supera el 20%, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha elevado el tipo de interés de referencia hasta el 40% y el peso ha llegado a hundirse más del 10% frente al dólar, desde la primera subida del precio del dinero a finales de abril, "la decisión está justificada", considera el economista Javier Santacruz. El profesor e investigador en la Universidad de Essex advierte, sin embargo, de que tendrá "importantes consecuencias políticas", porque llevará aparejada la condicionalidad de reformas estructurales que son "muy impopulares" y po-drían pasar factura a Macri, habilitado por la Constitución para postularse en octubre de 2019a un nuevo mandato de cuatro años.
"Lagarde exigirá un ajuste de caballo en las cuentas y la contención y reducción de la deuda pública, así como una política monetaria más restrictiva, el control de la balanza de pagos... y habrá que poner sobre la mesa una reforma laboral, una energética...", resume Santacruz así lo que el Fondo denomina Consenso de Washington ampliado, una especie de paquete de reformas estándar al que dio vida el economista John Williamson en 1989.
No obstante, el catedrático de Historia de América de la UNED, Carlos Malamud, limita las consecuencias políticas de la decisión económica adoptada por Macri. "No se verá perjudicado si no se pactan condiciones muy duras, se consigue estabilizar la situación y mantener el ritmo de crecimiento del PIB en torno al 2,2%, al tiempo que se logra bajar la inflación", sostiene Malamud. A su juicio, esta gestión beneficiaría al mandatario en un escenario en el que la oposición aparece dividida y "el peronismo intenta reunificarse, pero no encuentra un punto en común".
