La CEOE albergó el lunes una jornada técnica sobre la Ley de Contratos Públicos que sirvió para que uno de los protagonistas de la misma, el sector de la construcción, denunciara que la inversión en obra pública equivaldrá este año al 1,9% del PIB, "el mismo nivel que hace 22 años". Es casi la tercera parte que hace una década. Así lo denunció Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), argumentando que su sector ha asumido el 53% del ajuste de gasto público efectuado en los últimos años para contener el déficit público.
Lazcano, de hecho, se mostró preocupado por el futuro. El sector de las infraestructuras asume que el gasto en protección social va a seguir creciendo -de hecho, según Hacienda, se ha incrementado en 53.000 millones en diez años- y teme que la Administración se quede sin margen presupuestario para obra civil. De ahí que demandase al Gobierno "profundizar en las fórmulas de colaboración público-privada" para así mantener a flote un sector que representa al 10% de las empresas activas de España. "Hemos superado esta década de crisis sin ayuda", recordó el presidente de la CNC.
De igual forma, aprovechó su discurso para reclamar un acuerdo nacional de infraestructuras y un plan de inversiones a medio plazo, demanda que asumen partidos como Ciudadanos pero que, por ahora, no encuentran respuesta de Moncloa.
Por último, y al hilo de la Ley de Contratos Públicos que estos días tramita el Senado, Lazcano pidió que, de cara a las adjudicaciones, el bajo precio no puede ser el único criterio a utilizar por parte de las AAPP. Recogía así el sentir de muchos de los congregados el lunes en CEOE, que reciben con expectación la nueva norma, pero que han sufrido en los últimos años la presión a la baja en los contratos que imponía el sector público por los problemas presupuestarios.
Una nueva oportunidad
El subsecretario de Hacienda, Felipe Martínez Rico, reconoció que la nueva ley entrará en vigor "en unas pocas semanas", convirtiéndose así en una de las pocas grandes reformas aprobadas en los dos últimos años. El texto, que traspone varias directivas europeas, regulará los 350 contratos públicos diarios, 2.450 semanales y más de 125.000 al año que se adjudican en España, e intentará dar mayor protagonismo a las pymes en un sector copado hasta ahora por muy pocos actores.
La Ley de Contratos Públicos, de la cual se desvincularon PSOE y Podemos en el último momento, abrirá la puerta a que las pymes cobren sus servicios de manos del Estado para así evitar los plazos abusivos que, en ocasiones, imponen las grandes adjudicatarias. De cualquier manera, algunos de los presentes en la jornada de CEOE se mostraron críticos con el hecho de que la futura norma normalice los pagos a 60 días y no a 30 como fija otra ley, en este caso la de Morosidad.
Las empresas, aún así, aplauden la creación de un supervisor de contratos públicos independiente, del que penderá una Oficina Nacionalde Evaluación que, al margen de verificar la claridad y legalidad de los contratos, elaborará informes de rentabilidad social y económica.
Otro aspecto clave será el de la reducción de las cuantías por las cuales las Administraciones pueden adjudicar contratos de manera directa. En este sentido, el límite para los contratos de obras se reducirá un 20%, de 50.000 a 40.000 euros, mientras que el del resto de contratos pasará de los 18.000 a los 15.000 euros.