El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que el Gobierno está buscando una "alternativa extrajudicial" para llegar a un acuerdo con los afectados por las cláusulas suelo sin necesidad de acudir a los tribunales. En el último Consejo de Ministros del año pasado, se retrasó la aprobación del código de buenas prácticas para articular las devoluciones de la banca.
El ministro ha insistido que todos los afectados tienen el derecho a acudir a la Justicia pero ello "generaría dilaciones" debido a la necesidad de cumplir todos los plazos judiciales hasta que les devolviesen el dinero.
Y ha recordado que cada año se presentan un total de un millón y medio de asuntos en los juzgados, por lo que si todos los afectados acudiesen a los tribunales, este número de causas judiciales se duplicaría.
Por ello, ha continuado Catalá, desde el Ministerio se está trabajando para encontrar una "respuesta ágil y rápida" para todos los afectados que satisfaga sus demandas y necesidades sin necesidad de saturar el sistema judicial.
Millón y medio de personas afectadas
Catalá ha hecho estas declaraciones a los medios al comienzo de la I Jornada de responsabilidad penal de las empresas que ha inaugurado esta mañana.
Según la estimación del Banco de España, ha apuntado el ministro, en torno a un millón y medio de personas cuentan con una cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios, por lo que todas ellas podrían acudir a los tribunales para reclamar el dinero perdido gracias al fallo de la Justicia europea del pasado 21 de diciembre.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en una sentencia que los bancos españoles deberán devolver a sus clientes con cláusulas suelo en sus hipotecas los intereses íntegros que les cobraron de más.
El Gobierno tiene previsto aprobar el código de buenas prácticas el próximo viernes 13 de enero a través de un real decreto, después de retrasar el visto bueno en el último Consejo de Ministros del año pasado ante la negativa del PSOE de apoyar un procedimiento voluntario para la banca.
Para evitar el colapso en los juzgados
El Ejecutivo ha cambiado el paso para sacar la iniciativa adelante e incluirá la obligatoriedad del proceso "extrajudicial" para la banca afectada por las cláusulas, tal como exige el PSOE y Ciudadanos.
Los bancos y clientes tendrán la obligación de negociar para intentar llegar a un acuerdo antes de emprender el camino judicial. Según los términos del proyecto actual, las demandas a través de la Justicia sólo se podrán iniciar una vez haya culminado sin éxito el trámite bilateral que sea fijado por el decreto del Gobierno. Algunas fuentes destacan que este plazo podría determinarse entre las cuatro y las seis semanas.
Con la negociación obligatoria previa se cierra la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales y, sobre todo, a que éstas sean colectivas, en las cuales se dilucidan todos los casos a la vez sin un análisis individual.
Postura del PSOE
El PSOE ve positivo que el Gobierno haya puesto sobre la mesa un borrador de decreto ley para resolver las reclamaciones de los consumidores sobre las cláusulas suelo, pero ha indicado que no permitirá que no sea vinculante para toda la banca, ni que se favorezca a las entidades bancarias que sí accedan al procedimiento extrajudicial que propone y otras no.
El portavoz socialista de Economía en el Congreso, Pedro Saura, ha insistido en que la postura de su partido es que el decreto tenga el "necesario equilibrio" entre consumidores y entidades financieras, que las cantidades se devuelvan cuanto antes y sin ningún tipo de quita y que desde el punto de vista fiscal no conlleve ningún recargo, ni ningún tipo de interés de demora en ningún sentido.
"Y eso se tiene que hacer en una tramitación parlamentaria. Un decreto ley que se tiene que abrir al debate del resto de grupos en comisión", ha defendido el portavoz socialista, abriendo la puerta a introducir nuevos cambios en la redacción de la norma.
Sin cierre de la vía judicial
Preguntado por la propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de impulsar una mediación obligatoria entre consumidores y bancos, para evitar el colapso de los juzgados, Saura ha señalado que los afectados "siempre deben tener la posibilidad de acudir a la vía judicial" porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que dictamina "que los consumidores tienen razón siempre".
"En cualquier caso, no conozco letra pequeña y, hasta entonces, no me puedo pronunciar", ha concluido Saura, quien además, ha negado la posibilidad de que este asunto pueda cambiar su postura sobre los Presupuestos Generales del Estado.