El Gobierno planea que el ajuste de las comunidades autónomas el próximo año sea de 3.000 millones de euros, con una disminución del déficit de tres décimas, desde el 0,7% con el que concluirán de media en 2016 hasta el 0,4% que se impondrá para finales del próximo ejercicio. Esta decisión, que tendrá que ser comunicada a las regiones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se tomará a instancias de la flexibilidad que Bruselas ha otorgado con el desvío fiscal, pues inicialmente las CCAA tenían que cumplir un déficit del 0,1% el próximo año, 6.000 millones por debajo del que van a marcar en diciembre. Bruselas decide no congelar los fondos estructurales a España pese a incumplir el déficit de 2015.
La suavización de la meta, confirmada por el presidente Mariano Rajoy desde Marrakech el martes, aliviará a los Gobiernos regionales, severamente preocupados por la ralentización del crecimiento y por una reforma de la financiación autonómica que tardará en ser aprobada. Incluso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, daría su visto bueno a esta operación, al entender que las autonomías tendrán más dificultades con sus cuentas el próximo año, al no contar con un colchón extra de liquidez del que sí han dispuesto en 2016 -el Gobierno les ha otorgado 7.432 millones adicionales-.
Aún así, y pese a que dirigentes como la socialista Susana Díaz han "saludado" el anuncio del Gobierno frente a un déficit "injusto y arbitrario", la negociación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se prevé ardua. Las comunidades gobernadas por el PSOE, Junts pel Sì y Geroa Bai exigirán que el déficit sea del 0,7%, similar al de este año, en un ejercicio en el que se prevé una desaceleración económica y en el que posiblemente no haya aún acuerdo para un nuevo sistema de financiación regional.
Antesala de Presupuestos
En esta órbita se sitúan Extremadura, Aragón y la Comunidad Valenciana, gobernadas por el PSOE; Cataluña, en manos de los independentistas de Junts pel Sì; y probablemente Navarra, bajo la tutela de Geroa Bai, con el apoyo de Podemos y otras coaliciones de izquierda. Se da la circunstancia de que todas ellas podrían incumplir el límite del 0,7% de este año, según las previsiones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea (ver gráfico) y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, que estimó que Murcia, Extremadura y Aragón serían las regiones que peor lo pasarían para acercarse a la meta fiscal.
"La razón de que esas comunidades quieran un déficit aún más flexible es la de hacerse con más financiación de manos del Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA", explican a elEconomista fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda. El FLA atiende compromisos de deuda y da liquidez para financiar el déficit del año en curso, por lo que un límite del 0,7% les propiciaría más dinero que si se impone finalmente un 0,4%. Esta fuente advierte también de que detrás del déficit autonómico se esconde un pulso político: "El PSOE, que gobierna ahora en muchos sitios con apoyo de Podemos, podría ser más flexible con el techo de gasto y los Presupuestos si Montoro cede con las autonomías y permite un déficit similar al de este año, o al menos parecido".
El propio portavoz socialista, Antonio Hernando, sugirió hace unos días que su partido podría ver con buenos ojos que el desvío sea del 0,6%, pero en ningún caso inferior. Si finalmente esa opción fuera la aceptada por Hacienda, el ajuste a realizar sería únicamente de 1.000 millones de euros, aunque está por ver cómo transcurre la discusión en el seno del Consejo de Política Fiscal.
Sin fecha para el Consejo
Oficialmente, Hacienda guarda silencio al respecto por la compleja negociación presupuestaria, llevada a cabo entre bambalinas por el PP con el PSOE, Ciudadanos y el PNV. Ni siquiera está confirmada la fecha en que se celebrará el Consejo, que aún así debe tener lugar antes de que el Ejecutivo apruebe el techo de gasto en Consejo de Ministros. El objetivo inicial de Montoro y Guindos era que se viese en Moncloa el viernes 25 de noviembre, pero la complejidad de tejer acuerdos en el Congreso, donde el PP es ahora mayoría minoritaria, podría demorar esos plazos.
El Consejo debe incluso modificar los objetivos de déficit autonómico de este mismo año, porque aunque Cristóbal Montoro lo relajó cuatro décimas, hasta el 0,7%, éste sigue siendo del 0,3% por ley.
Todos esos retrasos provocados por los diez meses de desgobierno, y la falta de un marco fiscal para este ejercicio y el próximo, está provocando serios quebraderos de cabeza a los gobiernos autonómicos, pendientes de decisiones en firme con las que poder elaborar sus propios presupuestos para el año 2017.
CEOE cree que el déficit puede bajar al 4,3%
El presidente de la Comisión de Política Económica y Financiera de la CEOE, José Luis Feito, presentó ayer un informe optimista sobre la evolución de la economía y no descartó que el déficit público cierre este año en el 4,3% del PIB, tres décimas menos que el 4,6% previsto.
Durante su intervención en la Junta Directiva de la patronal, Feito apostó por un crecimiento del PIB del 3,2% este año y aseguró que la inercia del crecimiento y la creación de empleo se prolongará al menos hasta mediados de 2017.
