El interventor general informará al Gobierno cada mes del estado financiero de la GeneralitatMas-Colell amenaza con denunciar al Ejecutivo si las condiciones incuyen criterios políticos
El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido cortar de raíz cualquier intento de la Generalitat para desviar el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a financiar actividades independentistas. Para ello, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordaba ayer adoptar medidas para controlar que todos los pagos que se hagan con cargo al Fondo se destinen a garantizar los servicios públicos esenciales en Cataluña.
Se trata de que ?nadie dedique un euro a una actividad que no tenga amparo legal y constitucional?, explicaba el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aclaraba también que esta condicionalidad ?es específica para Cataluña, pero también garantizamos así los servicios básicos a los ciudadanos catalanes?.
Entre las medidas de control adoptadas destaca la obligación impuesta al interventor general de la Comunidad Autónoma de remitir una certificado inicial, en el plazo de diez días, en el que quede constancia de la situación económico-financiera real de Cataluña. A partir de esa información, se pondrán en marcha los pagos y para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas el interventor facilitará mensualmente al Ministerio de Hacienda un certificado con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior, incluyendo la constancia de que esos pagos ?no contravienen la Constitución o las leyes?.
Además, el Acuerdo de la Comisión Delegada establece que Cataluña deberá destinar los recursos recibidos por el Estado (FLA y sistema de financiación), ?de forma prioritaria al abono de las facturas de los servicios públicos?.
La Generalitat deberá también interconectar su registro contable con el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe), con el fin de que Hacienda pueda ?conocer y permitir la trazabilidad de todas las facturas, simultáneamente a su apunte en el registro?.
Por otra parte, el desembolso de los recursos con cargo al FLA se ajustará a un calendario de tramos mensuales y el desembolso de cada tramo estará condicionado a que Hacienda verifique el cumplimiento de lo previsto en el acuerdo. Será también el Consejo de Ministros quien autorizará, operación por operación, el endeudamiento de la Comunidad a largo plazo.
Finalmente, el Estado se compromete a prestar ?el amparo necesario? a las autoridades y empleados públicos de Cataluña para que puedan cumplir con las medidas derivadas de este acuerdo, para lo que se va a poner en marcha un sistema electrónico que les permita informar de las dificultades que puedan tener en la aplicación de las medidas aprobadas.
Montoro justificó la aplicación de estas medidas excepcionales, porque en las últimas semanas se han producido tres acontecimientos que ?derivan en riesgo para el interés general?: el empeoramiento notable de la calificación crediticia de Cataluña, llegando a calificarse sus títulos como bono basura; el afloramiento de más de 1.300 millones de gasto no declarado; y las manifestaciones de algunos representantes de las instituciones catalanas declarando el impago de la deuda con las farmacias o expresando públicamente su voluntad de incumplimiento de las leyes.
Por ello, el Acuerdo aprobado ayer establece que la aplicación de estas medidas ?se mantendrá hasta que desaparezca la situación de riesgo para el interés general? en la comunidad autónoma. Además, el ministro Cristóbal Montoro avanzó también que el Estado cortará la financiación a Cataluña si se incumplen las nuevas condiciones?.
La respuesta de la Generalitat a estas medidas de control no se hizo esperar y lo hizo por boca del conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, quien manifestó que ?no conozco todavía los detalles exactos, pero lo miraremos, y si la condicionalidad incluye criterios políticos lo denunciaremos en todas las instancias donde lo podamos denunciar?.
?El funcionamiento de la Hacienda Pública y el FLA, que es la canalización del dinero que pagan los catalanes para sus servicios públicos, no debería estar condicionada a que la política del Gobierno de Cataluña guste o no guste al Gobierno de turno de Madrid?, apostillaba el conseller.
Ayer, la Comisión Delegada del Gobierno aprobó también el reparto de 7.889 millones de euros, correspondientes al remanente del FLA de 2015. Cataluña será la Comunidad más favorecida y recibirá 3.034 millones, frente a los 2.600 millones que había solicitado la Generalitat. A continuación aparece (ver gráfico) la Comunidad Valenciana, que obtendrá 1.471 millones, un traspaso que ya acordó el presidente autonómico, Ximo Puig, en una reunión reciente con Montoro.
