El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un acuerdo que establece el reparto de los 7.889 millones de euros del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) correspondiente a 2014 entre las comunidades adheridas a este mecanismo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que en el caso de Cataluña se va a imponer una "condicionalidad específica" dada la "singularidad" de la región en "determinados asuntos financieros".
Condiciones para Cataluña
La vicepresidenta ha explicado que se han determinado unos "elementos de control específicos y adicionales" en el caso de los fondos que se van a dar a Cataluña, por ejemplo que estarán ligados a que se empleen al pago de proveedores, como las farmacias.
Las razones, apunta la vicepresidenta, son la rebaja de la calificación de su rating, el incumplimiento de determinadas obligaciones de información y el "riesgo" derivado de las declaraciones de representantes de la comunidad sobre el impago de las deudas a proveedores.
"Lo que hacemos es garantizar la igualdad de los españoles; todos tienen derecho a recibir servicios públicos en condiciones de igualdad y los proveedores a cobrar por ellos", ha subrayado Sáenz de Santamaría.
Control del presupuesto
La diferencia con la condicionalidad aprobada este viernes por el Consejo de Ministros radica en que, por primera vez, se ha ampliado ese control o "condicionalidad" a todo el Presupuesto de la Generalitat de Cataluña, y no sólo al plan de pago a proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como ocurría hasta ahora.
El control se ejecutará a través de un interventor que deberá dar cuentas mensualmente de a qué se destina cada euro del presupuesto catalán. Tendrá que remitir un certificado inicial, en 10 días, donde quede constancia de la situación económico-financiera real de Cataluña.
A partir de esta información podrán ponerse en marcha los pagos que se ajustarán estrictamente a lo previsto en este acuerdo y para garantizar su cumplimiento el interventor general facilitará mensualmente "un certificado" con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior que, insisten, "deberán respetar la legalidad vigente".
Esta será otra de las condiciones que el Gobierno impone a Cataluña para recibir los 3.034 millones de euros adicionales del reparto del remanente del FLA aprobado, con las que quiere asegurar que con ese dinero no se pagan actividades irregulares ni ilegales. El desembolso de esa cantidad será por tramos y "en función del cumplimiento" de las condiciones impuestas.
El Ejecutivo exigirá además la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas, creado este año y en el que se registran las facturas emitidas por todos los proveedores de todas las administraciones públicas adheridas. De esta manera, podrá seguir el recorrido de esa factura hasta asegurarse realmente de que ha sido pagada con ese dinero facilitado a la Generalitat.
"No hay intervención"
Cristóbal Montoro ha asegurado que el Gobierno "no tiene intervenidas las cuentas" de la Generalitat ni de ninguna otra administración y que lo que quiere es asegurar el destino a fines legales de todos los euros públicos.
Montoro ha señalado que con los recursos del FLA se van a financiar exclusivamente servicios públicos fundamentales. El objetivo, indica, es "garantizar que ni un euro abra margen para que desde el presupuesto de la Generalitat se puedan acometer planteamientos que van en contra de la Constitución".
En este sentido, ha querido dejar claro que puede garantizar que "no ha ido ni un solo euro"de los mecanismos de liquidez en esta Legislatura a "veleidades independentistas u ocurrencias" porque siempre ha habido condicionalidad, aunque ahora se "aumenta de manera especial".
Otras comunidades
Tras Cataluña, la segunda región que más fondos recibirá será la Comunidad Valenciana (1.471,69 millones), seguida de la Comunidad de Madrid (834 ,07 millones) y Andalucía (614,47 millones).
Tras ellas se encuentran: Castilla-La Mancha (421,52), Murcia (419,99), Aragón (280,87), Extremadura (280,67), Islas Baleares (163,59), Cantabria (91,16), Asturias (81,36), Galicia (62,8), Castilla y León (56,99), Canarias (48,09) y La Rioja (27,06).
Para el reparto de estos fondos se han tenido en cuenta los déficits de años anteriores pendientes de financiar. El pago se efectúa directamente desde el Estado a los proveedores de estas comunidades autónomas con deudas pendientes. Además, con cargo a este remanente del fondo de liquidez se recoge una partida específica por el coste de los tratamientos de hepatitis C este año 2015.
