Funcionarios, pensiones, paro: Rajoy prepara un nuevo ajuste de hasta 30.000 millones

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Mariano Rajoy, presidente del Gobierno. Foto: archivo

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El Gobierno está ultimando un nuevo paquete de medidas de ajuste con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las metas de déficit público de 2012, aunque esperará para tomar una decisión firme al resultado del Eurogrupo de la próxima semana, donde todo apunta a que habrá una relajación en la senda marcada por Bruselas.

El tamaño del ajuste, aún por definir, podría ascender a una cifra de hasta 30.000 millones de euros (un 3% del PIB), según ha informado una fuente conocedora de las ideas de algunos altos miembros del Gobierno. No obstante, otras fuentes señalan que la cuantía final podría ser considerablemente menor.

Tras haber cerrado 2011 con una cifra de déficit muy lejana a los objetivos de Bruselas (un 8,9%, aún pendiente de revisión por las cuentas de los ayuntamientos, frente al 6%), el Ejecutivo confía en presentar a Bruselas un plan creíble que permita que los socios europeos relajen la senda de reducción del déficit público, dijeron dos fuentes conocedoras del asunto.

Se espera que la Unión Europea dé a España un año más, hasta 2014, para reducir su déficit hasta el límite máximo del 3% establecido en la normativa comunitaria. Para este año, el objetivo de déficit español es de un 5,3% del PIB.

¿Dónde se recortará?

"La idea es recortar el coste de los funcionarios para las arcas públicas, congelar las pensiones, meter también una bajada al coste de las prestaciones por desempleo, cerrar las televisiones públicas", dijo la fuente.

Sin embargo, dentro del Gobierno existe un fuerte debate interno respecto a las partes políticamente más sensibles de un ajuste de este tipo, como las pensiones o los funcionarios.

"No hay ninguna decisión tomada. Lo único que hay son cálculos técnicos, cuánto se podría ahorrar con esto, cuánto se podría ingresar con lo otro. Pero puede ser parte, todo o nada", dijo otra fuente cercana a otros altos cargos del Ejecutivo.

Como viene siendo habitual en el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy, coexisten distintas ideas a la hora de las medidas necesarias para solucionar la crisis y mejorar la economía. En un lado se encontraría el ala más liberal del Ejecutivo -compuesta por los ministros de Industria, José Manuel Soria, y el de Economía, Luis de Guindos-; y en el otro extremo se sitúa el argumentario del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más cercano a la sensibilidad del Partido Popular.

"Hay gente que opina una cosa, luego hay gente que opina otra, al final nunca se cierra el círculo hasta el final", dijo la segunda fuente.

Después del Eurogrupo

En todo caso, no parece probable que se conozcan las nuevas medidas hasta que no se haya celebrado la reunión del Eurogrupo, aunque desde el Gobierno alaban el cambio de rumbo tomado por Bruselas durante la cumbre de la pasada semana.

"Toda vez que ni siquiera los escenarios del déficit de Bruselas están cerrados, habrá que esperar al Eurogrupo de la próxima semana. Europa ha demostrado voluntad de ayudar la semana pasada, ahora España tiene que demostrar voluntad de ajuste, queremos ser los primeros de la clase en Europa", dijo una de las fuentes.

Algunas de las medidas podrían reservarse para la presentación los Presupuestos Generales del Estado de 2013, momento en el que, según afirmó Montoro recientemente, está previsto que el Gobierno ponga sobre la mesa un plan fiscal a 2014, en línea con lo que piden Bruselas y el FMI.

El Consejo Europeo acordó la semana pasada varias medidas de apoyo a España e Italia, entre ellas la posibilidad de que el fondo de rescate europeo (MEDE) compre deuda soberana de países europeos, que la ayuda europea a la banca española pueda realizarse de manera directa para evitar aumentar la deuda pública española y que el MEDE no tenga categoría preferente respecto a los tenedores de títulos del Tesoro.

Los problemas del sector bancario español, muy dañado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, y las dificultades para reducir el déficit con una economía en recesión son los motivos que han situado a España en el punto de mira de la crisis de deuda europea.

Cumplir con las recomendaciones

En los últimos tiempos, tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea han instado a España a acelerar las reformas para poder cumplir con la meta de déficit, con medidas como la eliminación de la desgravación por vivienda habitual y la rebaja del sueldo a los funcionarios.

Hasta el momento, altos cargos del Gobierno han reconocido públicamente que se estudia eliminar la desgravación por compra de vivienda e instaurar el conocido como "céntimo verde", un impuesto sobre los hidrocarburos, aunque también existe debate interno sobre si dicha imposición debería utilizarse para pagar déficit público o para el déficit del sector eléctrico.

Con todo, la aplicación de nuevos ajustes, ya sea vía impuestos o recortes de gasto público, implica serios riesgos para una economía en proceso de caída libre, según no pocos analistas. Tanto la Comisión Europea como el FMI han dicho que España no debería apresurarse a recortar el déficit en un país que atraviesa la segunda recesión en tres años y sufre una tasa de paro del 24%.

En su último informe sobre España, el FMI recomienda que se suavice el ritmo de consolidación fiscal, aunque al mismo tiempo insta a bajar salarios públicos, subir el IVA cuanto antes, acelerar las privatizaciones y eliminar la deducción por compra de vivienda.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que el Gobierno se dispone a "pisar el acelerador" de las reformas y prepara nuevas medidas económicas "difíciles", en una intervención en la que dijo que las comunidades autónomas -uno de los principales escollos para reconducir el déficit- tienen que aumentar los esfuerzos fiscales.

Hasta el momento el conjunto de las administraciones públicas ha puesto en marcha ajustes por 48.500 millones de euros (27.300 millones del Estado, 18.100 millones de las regiones y 3.060 millones de los ayuntamientos), incluyendo recortes impopulares en Sanidad y Educación, así como el alza del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y una amnistía fiscal.

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