Elena Salgado, vicepresidenta española y titular de las carteras de Economía y Hacienda, se sumó a la larga lista de ministros que ha tenido que acudir a matizar, rectificar y apagar el fuego que provocó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuando hace un par de semanas propuso que la UE sancione a los países que no cumplan la futura estrategia europea de reformas económicas para impulsar el crecimiento.
"El presidente va a tener una intervención en el Parlamento Europeo dentro de dos días, pero, en cualquier caso, lo que es eviendente es que tenemos que coordinar mejor nuestras políticas económicas y desde luego que sean compromisos vinculantes", explicó Salgado antes de detallar: "Y el compromiso vinculante quiere decir un compromiso que tiene seguimiento y, por lo tanto, cuanto menos una explicación en el caso de incumplimiento, una explicación de las causas por las que no se han podido cumplir esos compromisos. Y en ese sentido, como yo he dicho alguna vez, pues al menos es una cierta sanción moral".
Alemania rechazó inmediatamente la propuesta de sanciones de Zapatero, al considerar que no tiene sentido y que daría lugar a más burocracia. En Bruselas se interpreta que toda propuesta tendente crear un embrión de Gobierno económico europeo -la definición que utiliza Zapatero para vender su iniciativa-, es recibida en Berlín con rechazo porque se teme que Gobiernos como el francés la utilicen para intentar poner límites a la independencia del Banco Central Europeo (BCE) y a su política monetaria ortodoxa.
Ante el rechazo alemán, tanto Miguel Ángel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, como María Teresa Fernández de la Vega, se ha esmerado en repetir que España no propone sanciones. De hecho, la expresión inicial de Zapatero eran medidas correctivas.
Las matizaciones de Elena Salgado llegaron este lunes en Bruselas a primera hora de la tarde, a su llegada a la reunión del Eurogrupo: la cita mensual de los ministros de Economía y Finanzas de los 16 países que comparten el euro como moneda única.
España recula: propone estímulos y no sanciones
