Según datos del Instituto Internacional de Estudios Para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2024 sólo tres países europeos superan ya la nueva meta del 5% del PIB en defensa: Ucrania (34,48%), Rusia (7,05%) y Armenia (5,48%), todos ellos implicados en conflictos armados. Dentro de la OTAN, la brecha entre el Este y el Oeste del continente es cada vez más pronunciada.
Polonia lidera el compromiso con un 4,15% del PIB, seguida por los países bálticos: Estonia (3,37%), Letonia (3,26%) y Lituania (3,12%). Estas naciones, situadas en el flanco oriental de la Alianza, han más que duplicado el esfuerzo proporcional de potencias como Alemania (1,89%), Francia (2,05%) o Italia (1,61%).
Su cercanía geográfica a la amenaza rusa ha impulsado una inversión militar acelerada que no solo refuerza su papel dentro en la OTAN, sino que también reconfigura el mapa de influencia militar dentro del continente.
El reparto del esfuerzo evidencia una fractura estratégica: mientras el Este responde con urgencia, las grandes potencias de Europa occidental siguen rezagadas. Grecia (3,13%), y Estados Unidos (3,42%) figuran entre las pocas excepciones.
Otros socios como Finlandia (2,3%) o Hungría (2,16%) superan la media, mientras que Luxemburgo (0,96%) e Islandia —que carece de fuerzas armadas permanentes— cierran la tabla resultante de los datos ofrecidos por el SEPRI.
En 2014, los países miembros de la OTAN acordaron elevar su gasto en defensa hasta el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB). Más de una década después, ese objetivo sigue lejos de cumplirse de forma generalizada, mientras la Alianza ya plantea una meta mucho más ambiciosa previamente mencionada: alcanzar el 5%. La propuesta, respaldada en la Cumbre de La Haya el pasado 25 de junio, no es jurídicamente vinculante, pero sí ejerce una creciente presión política.
El nuevo umbral se divide en un 3,5% destinado al gasto militar esencial como equipamiento, mantenimiento de tropas y cumplimiento de los objetivos estratégicos de la OTAN, y un 1,5% adicional para áreas clave como la ciberseguridad, la movilidad operativa y la resiliencia de infraestructuras.
En este contexto, la presión sobre el Gobierno español para incrementar su gasto en defensa ha ido en aumento. Una conversación entre el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, y el secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Diego Martínez Belío, fue interpretada como una advertencia diplomática.
Incluso el presidente estadounidense Donald Trump, conocido por su tono crítico hacia los aliados que no cumplen con los compromisos de inversión, calificó el gasto español como "muy bajo" y llegó a insinuar que el país debería "pagar el doble" mediante aranceles.
El Ejecutivo español, en 2024 con un gasto del 1,4% del PIB, sostiene que alcanzará el 2,1% antes de 2029, según un informe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Sin embargo, esta posición fue matizada al día siguiente por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien insistió en que el objetivo debía elevarse hasta el 3,5%, con avances visibles ya este mismo verano. Pese a ello, evitó fijar una fecha límite concreta.
A pesar de los mensajes contradictorios, el Gobierno ha rechazado escalar hasta el 5%, alegando que no existe una obligación jurídica y que un aumento tan drástico impactaría negativamente en las finanzas públicas.
Nuevo umbral en entredicho
La realidad es que la mayoría de los países europeos ni siquiera cumplen el objetivo del 2% fijado hace una década. Esto pone en duda la viabilidad del nuevo umbral, que supone no sólo un desafío económico, sino también político y estratégico. La OTAN ya ha advertido que quienes no avancen en esta dirección perderán influencia dentro de la Alianza y estarán más expuestos a presiones diplomáticas.
España, como otros socios europeos, se encuentra ante un delicado equilibrio entre sus compromisos internacionales y sus prioridades internas. Aunque se aumente el número de las tropas o se modernice el armamento, la clave será la voluntad política. De ello dependerá si el país forma parte del núcleo central de la OTAN o queda relegado a la periferia presupuestaria de la defensa colectiva.
La revisión de los Objetivos de Capacidades de los 32 países aliados, prevista para 2029, será determinante. Será entonces cuando se sepa si el 2,1% prometido por el Gobierno español será suficiente o si, como anticipa Mark Rutte y el escenario geopolítico, se requerirá mucho más para hacer frente a los nuevos desafíos estratégicos.