Madrid 
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2025 y lo hace, por segundo año consecutivo, sin el apoyo de los sindicatos con los que trató de llegar a un acuerdo hace unas semanas (CCOO, UGT, CSIF), ya que éstos la consideran "insuficiente".
El Gobierno ha cifrado la OEP en 36.588 plazas, de las que 26.889 son para la Administración General del Estado (AGE), correspondiendo 20.324 a nuevo ingreso y 6.565 a promoción interna. Con estas nuevas cifras, el Gobierno de Pedro Sánchez más que cuadruplica las convocatorias realizadas por el Ejecutivo que lideró Mariano Rajoy, en el que salieron adelante unas 60.000 vacantes, mientras que el actual Gobierno ya suma unas 260.000.
Estas vacantes supone un 14,54% menos que la que se ofertó finalmente en la OEP de 2024, y una de las más bajas de los últimos 4 años, muy alejada de lo que preveían los propios sindicatos, y que es uno de los principales motivos por los que no han llegado a un acuerdo. Este porcentaje desciende hasta el 8,86% si se tienen suman las plazas que se destinaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El no de la parte sindical viene dado porque en la última reunión de la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, la propuesta del ministerio de Función Pública fue una de las que menos plazas cuantificaban de los últimos años al cifrarse en 16.500 los puestos de trabajo de acceso libre para la Administración General del Estado que, unidos a la promoción interna, ascenderían hasta los 27.000, mientras que hace un año se aprobaron 31.465 puestos para la AGE, lo que supone 4.465 vacantes menos que hace un año. Todo ello, en un contexto en el que los sindicatos vienen denunciando la pérdida de empleo en la Administración General del Estado, que ha sido de más de 20.000 empleados en los últimos diez años, un problema que se convertirá en estructural si no se comienzan a tener en cuenta en las ofertas las jubilaciones y jubilaciones parciales, ya que la plantilla de la AGE tiene más de 60 años –equivale a unos 50.900 trabajadores públicos–.
Como ya adelantaba este medio hace una semana, el ministerio tenía en su agenda que la Oferta de Empleo Pública de 2025 se aprobara en el mes de julio, siguiendo así con el mismo calendario de los últimos años, a excepción de 2022, cuando se aprobó a finales del mes de mayo (el día 25 concretamente), 2019, que se aprobó en marzo –la convocatoria más prematura en desde que el Partido Socialista está en el Gobierno– y 2020, que se aprobó en el mes de octubre –la OEP más tardía–. Y es que, desde 2018, tanto en ese año como en 2021, 2023 y 2024, la Oferta de Empleo Público se aprobó e hizo efectiva en el BOE en el mes de julio.
Las nuevas plazas, que se publicarán en los próximos días en el BOE para hacerse efectivas, y que corresponderán a los funcionarios del Estado se sumarán a las que ya se publicaron el pasado mes de abril y que corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En total salieron 6.272 vacantes, de las que 2.914 corresponden a la Policía Nacional -2.764 para Escala Básica, 553 para militares y 150 para Escala Ejecutiva- y 3.118 a la Guardia Civil -1.248 para militares profesionales de tropa y marinería y 240 para el Colegio de Guardias Jóvenes-.
La nueva OEP llega en un momento complicado para la Administración Pública por el envejecimiento de las plantillas, ya que el 21% de los empleados del sector público, que supone unos 51.000 trabajadores, ya tiene más de 60 años y tienen una edad próxima a la edad de jubilación. Además, en los últimos 10 años se han perdido un total de 92.100 puestos de trabajo, en parte por el envejecimiento de los trabajadores públicos. En este sentido, los sindicatos ya habían reclamado a Función Pública anteriormente que, para la OEP de 2025, se tuvieran en cuenta las jubilaciones para que se pueda revertir la situación.
Si bien es cierto, en 2021 se comenzó a revertir la tendencia de incorporación en la que las bajas superaban a las altas. Hace cuatro años el índice comenzó a ser positivo (8.977 bajas y 9.640 altas) y en 2024 las personas que se comenzaron a trabajar en la AGE llegaron a duplicar a las que dejaban su puesto. Esta situación ha hecho que la edad media de los trabajadores públicos se haya reducido y haya pasado de los 51 años de media a los 49. Ahora, el 42% de los empleados del sector público ya tiene menos de 50 años.
Solicitudes de jubilaciones parciales
Si bien es cierto, hace unas semanas el ministerio liderado por Óscar López puso un número a las solicitudes de jubilación parcial que habían recibido desde el pasado mes de abril, cuando entró en vigor la reforma que paralizó este tipo de retiro en el personal laboral –funcionarios y personal estatuario trabajan para recuperarla, pero los trámites se encuentran paralizados en el Congreso-. Son un total de 1.000 las personas habrían solicitado el retiro parcial este año, y las plazas que se han pactado sacar (con UGT y CSIF) en una OEP adicional para que los trabajadores públicos puedan hacer efectivo su retiro.
Estas nuevas vacantes están destinadas a la figura del relevista, que viene a ser aquella que sustituye al trabajador público que compatibiliza parte del salario con el cobro de la pensión, para la que cambiaron sus condiciones y, por los principios de igualdad, mérito y capacidad por el que se rige el sistema de contratación de la administración pública, quedó "paralizada" en este sector de empleados públicos.
Ahora, Moncloa debe aclarar cómo financiará estas plazas, ya que cabe recordar que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde 2023 y en ellos no se contemplaba este "gasto adicional". Si bien es cierto, una de las opciones podría ser amortizar las plazas que lleven más de tres años vacantes, lo que "liberaría" el presupuesto destinado a esa plaza y que se podría reorientar a cubrir el coste de la figura del relevista. También se podría optar por ampliaciones de crédito -como se viene haciendo otros ministerios en los últimos años-, o a través de reajustes presupuestarios.