Los agentes sociales han superado el ecuador del año sin despejar la incógnita sobre qué jornada laboral tendrán que aplicar al inicio de 2026, lo que ha comenzado a tener efectos en la negociación colectiva, según reconocen fuentes tanto de los sindicatos como de la patronal. El diálogo social mira al calendario, consciente de que en cuestión de meses tendrá que abrir la mesa para reeditar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que sirve como guía para todos los convenios del país, ya que el actual solo abarca hasta 2025. Los sindicatos ya han expresado que trasladaran a CEOE la petición de reunirse tras el verano, en cambio, en el lado empresarial enfrían la posibilidad de cerrar un acuerdo en este contexto, después de que UGT y CCOO se saltaran el último pacto al apoyar el recorte de jornada.
Esta negociación va más allá de los salarios, pero está llamada a fijar la pauta de las subidas que se efectuarán en 2026, 2027 y 2028, por lo que ambos lados de la mesa son conscientes de que el resultado de la votación del Proyecto de Ley para implementar las 37,5 horas lo condicionará todo. Fuentes empresariales descartan sentarse a negociar el VI AENC antes de que todos los grupos fijen su posición sobre este cambio legal y solo ven posible afianzar un acuerdo en el supuesto de que el Gobierno renuncie a su voluntad de imponer por ley el tiempo de trabajo y esta cuestión se traslade a la mesa bipartita. Si, por el contrario, Yolanda Díaz tiene éxito en la tramitación parlamentaria, avanzan que no podrán firmar alzas salariales, en tanto que muchos sectores tenderán a congelar las nóminas para compensar la subida de costes.
En los pasillos de Diego de León 50, donde tienen su sede CEOE y Cepyme, está extendida la visión de que los sindicatos han traicionado el último acuerdo marco al sumarse al intento de la ministra de Trabajo de modificar la jornada por ley, en lugar de defender que este tema debía abordarse en la negociación colectiva. El motivo es que en 2023 se decidió expresamente no entrar en la cuestión de la jornada y se comprometió una subida salarial del 10% en tres años, que podía ser revisada en un punto adicional si la inflación media superaba el porcentaje fijado para cada año. Los empresarios han cumplido con esta pauta, según refleja la Encuesta de Convenios Colectivos, por lo que leen como una traición el intento de los representantes empresariales de cambiar su estructura de costes por ley.
Los sindicatos, por su parte, son conscientes de la dificultad con la que partirá esta negociación -cuando se constituya oficialmente- por lo que las fuentes consultadas hacen referencia a la necesidad de tramitar cuanto antes la reducción de la jornada laboral para pasar a la siguiente pantalla. En los últimos días, tanto el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, como su homólogo en CCOO, Unai Sordo, han reclamado que se aborde el debate sobre las enmiendas a la totalidad (que Junts se ha comprometido a presentar y que previsiblemente impulsará también Vox) antes del parón estival del Congreso de los Diputados para evitar que suponga un problema para la negociación colectiva de 2026.
El titular de CCOO demandó certidumbre sobre el perímetro legal que rodeará a la negociación colectiva y avanzó que si no prospera la medida en la Cámara Baja, crecerá la conflictividad social. En cambio, el líder de UGT hizo una mención expresa al AENC, sobre el que va a comenzar a hacer consultas dentro del sindicato para construir una propuesta. En la apertura del Comité Confederal del sindicato, Álvarez ironizó con que este será el foro en el que la patronal podrá proponer las subidas salariales que se ha mostrado dispuesta a efectuar ante los debates del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la jornada laboral.
Los representantes de los trabajadores quieren iniciar las conversaciones sobre el AENC antes de que termine el año, pero reconocen el inconveniente de hacerlo sin tener claro si tendrán que adaptar el tiempo de trabajo y el plazo en el que deberán hacerlo. Lo cierto es que en la última negociación de estas características no fue sencilla y echó a andar con las posturas bastante enfrentadas, al no compartir el criterio sobre cómo afrontar la escalada de precios que sucedió a la invasión rusa de Ucrania. Las organizaciones sindicales exigían negociar una subida salarial retroactiva para el año 2022, algo a lo que la patronal se cerró en banda pese a defender que se alcanzase un pacto de rentas para repartir el impacto del incremento de los precios, que llegó a ser de dos cifras.
En este periodo, CCOO y UGT también habían acordado con el Gobierno el aumento del SMI hasta los 1.080 euros al mes y la segunda parte de la reforma de pensiones, que elevó las cotizaciones a través del MEI y la cuota de solidaridad. No obstante, las partes consiguieron cerrar un documento de consenso en el que se asumió el compromiso de abordar el problema de absentismo, el desarrollo de los contratos fijos discontinuos, el absentismo o la jubilación parcial.
Votación antes del verano
Fuentes próximas al Ministerio de Trabajo esperan que el Proyecto de Ley supere el primer trámite parlamentario en el mes de julio, en un pleno extraordinario previo al cierre del periodo de sesiones. El equipo de Yolanda Díaz destaca la celeridad que ha seguido esta norma desde la primera vez que llegó al Consejo de Ministros e interpretan como un buen síntoma el hecho de que la Cámara Baja haya vuelto a extender el plazo de enmiendas hasta el próximo 18 de junio sin que ningún grupo haya registrado todavía una enmienda a la totalidad.
Las mismas fuentes se muestran optimistas respecto a la negociación con Junts y contextualizan el anuncio de que podrían sacar adelante el registro de jornada como un reglamento como una medida para meter presión a la patronal, que defienden que se ha negado a plantear alternativas en la mesa de negociación por el enfrentamiento interno asociado a las elecciones de Cepyme que se resolvieron el pasado 20 de mayo. En este escenario, se podría aprobar en otoño.