La Agencia Tributaria tiene pendiente de cobro en la actualidad 40.421 millones de euros. De esta cantidad, casi 11.000 millones corresponden a deuda que está suspendida por recursos y reclamaciones. La litigiosidad tributaria en España ha sido analizada este lunes en un informe elaborado por 17 expertos y publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en el que además de aportar soluciones para mitigar la conflictividad entre la Administración y los contribuyentes, se exponen las consecuencias negativas que ésta tiene para la economía española.
Los litigios entre contribuyentes y la Administración en nuestro país es "excesiva" y genera un sobrecoste enorme para ambos, ha manifestado este lunes el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, en la presentación del informe "El problema de la litigiosidad tributaria en España". Los datos ofrecidos lo reflejan: según la propia Agencia Tributaria, el número de reclamaciones se situó ligeramente por encima de los 230.000 en 2023. La tendencia en los últimos años es, además, ascendente pues en 2019 eran 180.000.
A los 40.421 millones de deuda pendiente de cobro hay que sumar los 12.145 millones de euros que la Administración debe abonar en concepto de indemnizaciones por haber perdido sentencias como las del céntimo sanitario, la devolución del IRPF a los mutualistas o la anulación del Impuesto Especial de Hidrocarburos, entre otros.
Luis Manuel Alonso González, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, ha explicado que el modelo que se sigue en España en materia de relaciones fiscales es el de "acción-reacción" y no funciona. "Es ineficaz e injusto que el contribuyente liquide y la Agencia Tributaria reacciones". En su opinión, la Administración actúa así "porque no es responsable" se pregunta "¿se imaginan a una empresa privada que esté recurriendo hasta el final?". En segundo lugar, Alonso atribuye la actuación de la AEAT a las leyes, "a la presunción de la legalidad del acto administrativo".
El catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando Serrano Antón, ha declarado que "la inestabilidad del marco fiscal y la falta de seguridad jurídica" están que España sea "un país poco atractivo para la atracción de inversiones". A su juicio, el cambio veloz y constante de normas y de su aplicación, "con consultas que se contestan tarde", está restando a Españancompetitividad internacional. "Tampoco ayuda, añade, la gran producción de directivas que está haciendo la Unión Europea".
Manuel Lamela Fernández, abogado del Estado en excedencia, ha incidido en que "estamos asistiendo a elementos que se repiten" como son la justicia tardía, la incertidumbre que generan las normas por el criterio cambiante de la Administración y que los tribunales "no son muy estables" a la hora de interpretar las normas fiscales. Como todos los expertos intervinientes, Lamela ha abogado por la mediación y el arbitraje.
El abogado e inspector de Hacienda en excedencia, Luis Manuel Rubí Blanc, ha lamentado la tardanza del Tribunal Económico Administrativo Central en fallar, unos dos años de media, y ha aplaudido que los regionales estén agilizando los procesos. También ha afirmado que "es sorprendente que los órganos consultivos de la Administración no sean consultados" cuando se elaboran o reforman las normas.
Por último, Ramón Mª Calduch i Farnós, presidente de la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas (AESAE) ha expresado que la litigiosidad tributaria es "un problema estructural y cada vez más preocupante".
Los expertos que han realizado el informe ofrecen cinco recomendaciones para mejorar el problema de la conflictividad: simplificación normativa y claridad interpretativa; fomento de una relación cooperativa entre Administración y contribuyentes; implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; reforma de procedimientos administrativos y judiciales; y desvinculación de incentivos de la Agencia Tributaria de las cantidades liquidadas y establecimiento de mecanismos de responsabilidad sobre actos y decisiones para la Administración y sus funcionarios.