La fuga masiva de empresas complica el proyecto de independencia de Cataluña de la Generalitat y desmonta el argumento del Govern de la solvencia de una hipotética futura república catalana. Los bancos de inversión y las agencias de rating han comenzado a advertir de que la hipotética república sería totalmente inviable económicamente, y Moody's calcula que la ruptura, que continúa viendo poco probable, hundiría la nota de la autonomía hasta caa1, lo que es igualarla a Bielorrusia, Mongolia o Irak, y que en la práctica significa que la impediría financiarse. Una quincena de empresas se llevan la sede social de Cataluña en una semana.
Además, la salida de corporaciones está poniendo de manifiesto que la capacidad recaudatoria de la Generalitat también sería inferior a la prevista por el Govern. Sólo con las fugas de empresas registradas, anunciadas si se declarara la independencia, o que se podrían hacer públicas hoy, se perderían 1.200 millones en recaudación.
En términos porcentuales, esta cifra equivale a un 26% de los 4.600 millones de euros que el Estado español recauda por el impuesto de sociedades de entidades con sede social en Cataluña. Desde el jueves, son 25 las empresas que se han marchado a otras comunidades, con el añadido que varias de ellas, como CaixaBank, Sabadell o Gas Natural, son estandartes de la economía catalana.
Una espiral que va a más
Esta factura podría crecer aún más si se confirman otras posible mudanzas, como el de la automovilística Seat, o la constructora FCC, e incluso el de algunas multinacionales que aseguran que se irán en busca de seguridad jurídica si se produce una declaración unilateral de independencia (DUI). La presión de las agencias de calificación está siendo muy fuerte para las empresas, recordándoles que es muy improbable que, manteniéndose en Cataluña en caso de independencia, puedan contar con un rating superior al de su lugar de origen.
Estos movimientos desmontan la capacidad financiera de la hipotética república catalana. La Generalitat estimaba en 42.000 millones su capacidad recaudatoria máxima dentro de la autonomía, mientras que el gasto mínimo de la Generalitat para mantenerse activa es de 60.000 millones de euros.
La agencia Moody's advertía la semana pasada de que hasta que no se rebaje la incertidumbre, Cataluña tendrá cerrado el acceso a los mercados de deuda mayorista. Algunos economistas, como Daniel LaCalle, señalan que activar la Ley de Transitoriedad Jurídica deja la puerta abierta a un default, ya que el pago de la deuda se deja pendiente de los acuerdos que se firmen con España.
Teniendo en cuenta que algunos analistas, como los de ING, calculan que una Cataluña independiente nacería con un endeudamiento equivalente al 120% de su producto interior bruto, y sumando unos mercados cerrados por la desconfianza, las posibilidades de encontrar financiación para cubrir el posible déficit parecen pocas. A estas estimaciones hay que añadir los cálculos, repetidos insistentemente, de que el PIB de Cataluña caería un 30% en caso de ruptura.
Todas estas incertidumbres están ampliando el coste teórico de financiación de Cataluña en los mercados internacionales. La rentabilidad del bono ya marca su punto más alto en el año, al igual que la prima de riesgo catalana frente a España. Una situación que podría empeorar en caso de independencia.
En paralelo, Cataluña continúa dependiendo de los fondos de liquidez autonómicos (FLA) para financiar sus servicios públicos. Los mecanismos de liquidez de Hacienda han dejado en las arcas catalanas más de 70.000 millones en los últimos cinco años.
Otro capítulo es Europa. Una hipotética república catalana, a pesar de lo afirmado por sus impulsores, no podría beneficiarse de la estabilidad del euro en lo que hace referencia a libre circulación de mercancías, ni contaría con el paraguas protector del Banco Central Europeo (BCE), cuya ayuda salvó a España no hace tanto de una fuerte crisis financiera al inyectar más de 40.000 millones a los bancos.
Barcelona, golpeada
Los Ayuntamientos catalanes, con el de Barcelona a la cabeza, son los grandes perjudicados por la caída de la recaudación ya que, a partir de ahora, no contarán con los ingresos de el Impuesto de Actividades Económicas que pagaban las empresas que se han marchado.
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