Los resultados del 1-O dejan de todo menos claro cuál será el siguiente movimiento del gobierno catalán. A la espera de conocer si hoy se mueven ficha y cuál será el siguiente paso del gobierno catalán, declarar la independencia, y, por tanto, forzar la entrada en vigor teódica (la ley está ilegalizada por el Tribunal Constitucional) de la Ley de Transitoriedad, crearía un entorno de inseguridad jurídica que dificultaría las posibilidades de Cataluña de financiarse directamente en los mercados. El independentismo pretende que esta sea la ley "suprema" en Cataluña hasta que las elecciones consituyentes.
"La Ley de Transitoriedad abre lapuerta a que en Cataluña se produzca un evento de crédito", apuntó el economista Daniel Lacalle en una jornada sobre las consecuencias económicas de la independencia, organizada por Emprearis de Catalunya. "La ley deja claro que el pago depende de la voluntad política", señala. "Se abre la puerta al impago, porque se condiciona a que España pague otros términos, como las pensiones", apunta. "Además, también está el factor añadido de que todas estas decisiones se están tomando en contra del ordenamiento jurídico en vigor y eso es otro muy mal precedente", añade.
La "arbitrariedad" a la que se refiere Lacalle queda clara en el propio articulado de la Ley. El texto, pactado entre JxSi y la CUP, contempla la expropiación de los activos españoles, pero deja epígrafes como las pensiones y la deuda pendientes a las "negociaciones". "El Estado catalán sucede al Reino de España en los derechos y las obligacones de carácter económico y financiero en los términos que se acuerdo con este y en los que se deriven de acuerdos con terceros", apunta. Ese "acuerdo" se plantea complicado si Cataluña declara la independencia de forma ilegal.
Gran endeudamiento
El importe de la deuda de Cataluña con España es importante, ya que ha sido la comunidad autónoma más favorecida por los Fondos de Liquidez Autonónomicos, adeuda 75.000 millones de euros a España; además, aunque el independentismo lo rechaza en muchas ocasiones, teóricamen, si se produjera una hipotética independencia, se debería responder por la proporción de deuda española que le correspondería -sólo teniendo en cuenta el peso en PIB serían más de 190.000 millones-.
Lacalle duda mucho que una negativa de Cataluña a pagar deuda a España tuviera una buena acogida por el mercado internacional. "No ha pasado nunca que en caso de impago el coste de financiación haya bajado en vez de subido. Cuando Argentina o Rusia impagaron las primas de riesgo se fueron a los 1.000 puntos básicos", recuerda.
El otro argumento qe niega Lacalle es que las agencias de califcación crean que el rating de una Cataluña independente pueda ser más alto. "No he oído decir a ninguna que se lo fuera a subir", recordó durante su conferencia. Por el momento, tanto Moody's, como Fitch, como S&P mantienen la nota de crédito de Cataluña en perspectiva negativa, justo por la perspectiva de que .La relación entre la Generalitat y las calificadoras, además, no parece muy fluída.
La semana pasada, Pere Aragonés, secretario de Economía de la Generalitat, señaló en una entrevista en TV3 que ninguna de ellas se había puesto en contacto con el gobierno autonómico. Un incremento de los costes de financiación, además, repercutiría sobre las empresas que, probablemente, también serían penalizadas con mayor prima de riesgo.
Vencimientos y financiación
La Generalitat, antes de que sus finanzas fueran intervenidas al negarse Oriol Junqueras a continuar firmando los "partes" semanales de gasto que debía enviar al Ministerio de Hacienda para constatarse, explicó a elEconomista que contaba con recursos suficientes en caja para pagar a los proveedores y asumir los vencimientos pendientes hasta finales de año.
Entre octubre y diciembre, la Generalitat cuenta con más de 1.500 millones de euros en vencimientos, de los que más 1.000 debe devolvérselos al Estado, puesto que son fondos procedentes de los mecanismos de liquidez. Son pagos que ya están cubiertos, puesto que Cataluña casi recibirá 2.000 millones de euros de fondos del FLA en la última parte del año.
Los pagos de proveedores y funcionarios también están asegurados a través de Hacienda. La semana pasada, la Generalitat acabó de enviar todos los datos. Por ahora, los proveedores no se han visto damnificados por este cambio. Por ejemplo, las entidades sociosanitarias integradas en ACES, señalan que no hay centros afectados.
