Santander
El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, no ha querido dar ningún tipo de detalle sobre el informe que su institución ha enviado a la Audiencia Nacional sobre el caso Popular, en que acusa a la entidad de haber cometido irregularidades o de haber incluido datos erróneos en las cuentas de 2016, el ejercicio previo a su resolución por parte de las autoridades comunitarias, según ha destacado Abella en unas jornadas organizadas por Apie y BBVA.
Albella se escudó en la confidencialidad de estos procesos para no dar más explicaciones sobre el documento, que puede ser clave para el procedimiento judicial. Se remitió a las declaraciones que hizo en el Congreso sobre la actuación del organismo regulador de los mercados. Hay que destacar que en torno a 300.000 accionistas minoritarios y otros tantos mayoristas perdieron su dinero con la caída del banco en junio de 2017, al poseer acciones o deuda subordinada.
No es la única autoridad que está convirtiendo en opaco el caso de la que fue la sexta mayor entidad financiera de España. La Junta Única de Resolución (JUR) europea, institución dependiente del BCE que fue el organismo que aprobó el plan de rescate, también está argumentando criterios de confidencialidad para no informar sobre determinados aspectos fundamentales sobre la situación del banco previa a su desplome.
Eso sí, el presidente de la CNMV sí reconoció que este caso, como el de Bankia o las preferentes, está provocando un daño de imagen al supervisor, a pesar de que, a su juicio, sí actuó en función de las competencias que tiene. "La CNMV ha hecho una labor extraordinaria para la protección de los inversores", destacó, aunque matizó que a veces los medios no son suficientes y la regulación va por detrás en muchas ocasiones.
