El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya dejó a finales de junio la puerta abierta a una nueva colocación de un paquete accionarial de Bankia para este mismo año "si el precio es adecuado" y esta misma semana, en una entrevista en ABC, insistía en la idea y detallaba que en septiembre se podría estudiar la venta de otro 7% del capital.
Desde la operación de 2014, por la que el Estado se desprendió de un 7,5% de las acciones de Bankia que controla a través de BFA, ha llovido mucho sobre los mercados y sobre la entidad. Hace tres años se preveía que a esa primera colocación, que despertó un gran interés entre los inversores institucionales (la demanda triplicó la oferta) le seguirían en los meses siguientes otras que menguarían la presencia pública en el capital del banco, que tiene que desaparecer en 2019.
Sin embargo, la evolución de las bolsas no sólo impidió nuevas colocaciones sino que los procesos judiciales, con sentencias condenatorias, sobre demandas de minoristas han hecho que BFA posea ahora un 66,97% de Bankia, cuando tras la venta del paquete de BFA en 2014 ese porcentaje se situaba en el 60,89%. Es decir, el Estado tiene algo más de un 6% de capital, por lo que no sólo no ha podido avanzar durante estos años en un proceso de desinversión paulatina de Bankia sino que las acciones que controla están muy próximas al nivel previo a esa primera colocación.
El ministro de Economía esgrimía como argumento para plantearse otra venta del Estado el pasado el verano que el porcentaje de free float de Bankia castiga la cotización. Si el mercado se toma en serio los plazos para abordar esta operación, paradójicamente, serán las declaraciones del ministro las que limiten las eventuales alzas de Bankia, ya que los potenciales inversores esperarán a contar con el descuento que se aplican a las colocaciones. En 2014 fue de algo más de un 4%.
Pero es que con la conflictividad judicial que ha sufrido el banco en los últimos tiempos, ese free float que a Guindos se la antoja escaso para un despegue de la acción está en retroceso.
Además, no hay que olvidar los reiterados comentarios de la Comisión Europea sobre la normalización del sistema financiero español que, en su opinión, se alcanzará cuando el Estado deje de estar en el capital de entidades rescatadas durante la crisis.
Pero las bondades de la colocación para el Estado y para Bankia deben pasar el examen de los inversores. El precio de cotización de la entidad financiera a finales de febrero de 2014, cuando se procedió a la venta, era de 1,58 euros. A cierre del martes, los títulos se sitúan en 4,41 euros. El reciente contrasplit, en la proporción de 4 a uno, explica el salto en la cotización. La equivalencia sería que Bankia cotiza hoy a 1,1025 euros, lo que supone un 30% menos que cuando se abordó la operación hace tres años y medio.
La solidez del proyecto de Bankia, inmersa ya en la absorción de BMN, no está en cuestión, pero otra cosa será cuánto interés despierte en los inversores institucionales si aún se encuentra tan lejos del nivel de 2014 y, sobre todo, cómo se justifica la venta si Bankia es la principal esperanza de que el Estado pueda recuperar parte de las ayudas públicas inyectadas al sistema financiero durante la crisis, de los que ya se dan por perdidos más de 40.000 millones de euros. Dependerá, pues, de la evolución de los mercados que se pueda alcanzar ese precio "interesante" al que se refería el ministro en junio pasado, que posibilite la venta de otro paquete público y a un precio que asegure hacer plusvalías, aunque sean mínimas.
