El sistema financiero español ha reconocido en las ultimas horas que necesita unos 22.000 millones de euros para cumplir con las nuevas provisiones inmobiliarias, por debajo de las estimaciones del Gobierno, que calcula unos 30.000 millones.
La mayor parte de las entidades asegura que será capaz de afrontar las provisiones derivadas de la nueva reforma bancaria sin ayudas. ¿Cómo? Sus palancas son la generación de ingresos, la venta de participadas y los dos años de plazo en el caso de las que han emprendido un proceso de fusión. Los bancos podrán aplazar un año el pago de preferentes y convertibles.
Entre los grandes, Santander abrió el fuego. La entidad que preside Emilio Botín cifró en 2.700 millones el saneamiento extraordinario que tendrá que realizar. El grupo comunicó, que, al igual que los 2.300 millones que todavía tiene que hacer por la reforma de febrero, los cubrirá con la generación de beneficios y la obtención de plusvalías por la venta de activos.
Santander precisó que el impacto total, por tanto, asciende a 5.000 millones, pero que neto de impuestos, se reduce a 2.900. De estos, 600 millones corresponden a Banesto.
BBVA necesitará provisiones adicionales de 1.800 millones de euros para cumplir con las nuevas exigencias de la reforma financiera del Gobierno, cuyo impacto en los resultados estima aproximadamente en 1.300 millones de euros, netos de impuestos.
Dicho impacto se reflejará en los estados financieros del grupo a 31 de diciembre de 2012 y se absorberá gracias a la recurrencia, diversificación y resistencia de sus resultados, según la entidad, que ha subrayado que las nuevas exigencias no tendrán impacto en el capital económico, ni altererán la actual política de dividendos.
Grupo Banco Popular (incluido el Pastor) cifra en 2.314 millones de euros netos las provisiones adicionales que deberá hacer para cumplir las exigencias aprobadas el viernes por el Gobierno para que las entidades financieras saneen los activos inmobiliarios. Y para llevar a cabo este saneamiento descarta la opción de solicitar ningún tipo de apoyo financiero público.
De la cifra total de nuevas coberturas, 1.695 millones corresponden a Banco Popular, que asegura que estos saneamientos podrán ser absorbidos por las reservas disponibles y la propia generación de recursos del grupo. Además, recuerda que tiene la posibilidad de disponer de dos años para llevar a cabo el saneamiento al estar en curso la integración de Banco Pastor.
Quien no tiene previsto acudir a las desinversiones de participaciones para hacer frente a las nuevas dotaciones es Caixabank. El grupo, que puede acogerse a los dos años para realizar el esfuerzo, cuantificó el saneamiento adicional en 3.389 millones, de los que 2.102 corresponden a Caixabank y 1.287 a Cívica. La cifra, neta de impuestos, se queda para ambos en 2.372 millones. El grupo explica que ya previó unos ajustes de valoración de Cívica de 3.400 millones contra reservas, por lo que no espera un "impacto significativo adicional".
Cívica, antes de su unión con la catalana y de la nueva reforma, anunció un beneficio nulo en el primer trimestre por el efecto de los saneamientos del decreto de febrero. Pero publicó pérdidas operativas (antes de impuestos) de 1,2 millones.
BFA-Bankia, que acaba de ser nacionalizada. Es la entidad que más dinero precisa. En concreto, 4.813 millones, de los 91 millones corresponden a la matriz, BFA. Previsiblemente este impacto colocará sus niveles de solvencia por debajo de los mínimos legales. El Gobierno ya anunciado que inyectará ayudas al grupo presidido por José Ignacio Goirigolzarri.
Novagalicia, por su parte, es optimista, a pesar de su más que previsible subasta tras el verano y el déficit de capital. Sostiene que su generación de ingresos minorará el efecto. Calcula que sus resultados se verán reducidos en 776 millones de euros por el nuevo real decreto, después de que sus provisiones adicionales tengan que incrementarse en 1.109 millones de euros.
Unicaja y Caja España-Duero también desvelaron las consecuencias de la nueva reforma. Las entidades, que en proceso de fusión, tienen que hacer provisiones en dos años por importe de 888 millones de euros después de impuestos.
Bankinter es el grupo que menos necesita, 136 millones, mientras que el Sabadell, con la CAM incorporada, y Liberbank, menos de 500 millones. Esta última ha sido apremiada por el Gobierno a llevar a cabo una integración, que ya negocia. BMN precisa 640 millones.
Banco CAM, que se halla en proceso de fusión con el Banco Sabadell, necesitará provisiones adicionales de 176 millones de euros para cumplir con los saneamientos exigidos por la nueva reforma del sector financiero.
La entidad prevé absorber estas provisiones adicionales y su correspondiente impacto sobre capital durante el presente ejercicio, como parte del proceso de reestructuración e integración con el Sabadell.
Unnim Banc, por su parte, cifra en 48 millones de euros el importe de las provisiones genéricas adicionales que tendrá que efectuar para cumplir con la nueva reforma.
La entidad, prevé absorber estas provisiones adicionales y su correspondiente impacto sobre el capital durante el presente ejercicio, como parte del proceso de reestructuración e integración con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
CajaSur espera cumplir, sin incurrir en pérdidas y con una aportación de unos 109 millones de euros, con los nuevos requerimientos de provisiones sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero.
"De acuerdo a los cálculos realizados, el importe total de las nuevas provisiones exigidas asciende aproximadamente a 109 millones de euros (76 millones netos)".
Las necesidades conjuntas de provisiones de Ibercaja y Caja3 ascienden a los 697 millones de euros, según ha informado el vicepresidente primero de Caja3, Juan María Pemán.
Pemán ha explicado que estas provisiones son netas de efecto fiscal y entre las dos entidades financieras. Además, ha subrayado el también presidente de Caja Inmaculada (CAI) que es "prematuro" hablar sobre los efectos que van a tener sobre las dos cajas las nuevas exigencias de la reforma financiera del Gobierno central.
Cajamar Caja Rural también ha anunciado que cubrirá este mismo año el saneamiento de los activos vinculados al sector inmobiliario, que asciende a 412 millones de euros, sin necesidad de recurrir a apoyos públicos.
Banco Gallego estima en 80 millones de euros la cuantía de las provisiones que deberá acometer para cumplir con el nuevo decreto de saneamiento del sistema financiero.
Catalunya Banc, banco creado por CatalunyaCaixa, ha cifrado este lunes en unos 995 millones de euros netos el importe de las provisiones genéricas adicionales que tendrá que efectuar para cumplir con la nueva reforma financiera del Gobierno.
Caja Laboral también ha comunicado hoy que necesita dotar 49,5 millones de euros brutos en provisiones para cumplir con las nuevas exigencias aprobadas el viernes por el Gobierno para que las entidades financieras saneen los activos inmobiliarios. El impacto de dichas coberturas se calcula en 35,28 millones de euros netos.
Kutxabank necesitará provisiones adicionales de aproximadamente 855 millones de euros (616 millones netos) para cumplir con las nuevas exigencias. La entidad presentará en el plazo legal exigido su plan por el que espera cumplir con los nuevos requerimientos de provisiones sin incurrir en pérdidas, ni solicitar ayudas públicas.
BMN ha estimado inicialmente en 640 millones de euros netos de impuestos las provisiones para cumplir el decreto del Gobierno sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios. BMN ha añadido que actualmente se encuentra analizando las medidas a adoptar para dar cumplimiento al Real Decreto-ley y que serán incluidas en el Plan de Cumplimiento que será remitido al Banco de España antes del próximo 11 de junio.
Otra de las entidades que se encuentra en proceso de subasta por el Banco de España es el Banco de Valencia, cuyas provisiones adicionales son de 509 millones de euros, superiores a las de Liberbank, de 496 millones y las de Sabadell, de 412, incluido el Banco CAM.
Banca March requiere 117 millones, Barclays (73 millones), Deutsche Bank (47millones), Banca Pueyo (11 millones) y Caja Ontinyent (7 millones).
Así es la nueva reforma financiera