La nueva reforma financiera pondrá contra las cuerdas al sistema financiero español. Según los analistas y el propio sector, la gran mayoría de entidades están abocadas a entrar en pérdidas este año. La entrada en números rojos supone la supresión de los pagos de intereses por la deuda emitida, principalmente participaciones preferentes y bonos convertibles en acciones. Estos productos están en manos de los clientes minoristas, al haber sido vendidos en los últimos ejercicios a través de la sucursales ante el cierre de los mercados mayoristas.
Para evitar un perjuicio a los españoles, el real decreto aprobado el viernes por el Gobierno, prevé la posibilidad de que las entidades puedan aplazar la remuneración de los intereses en un plazo máximo de doce meses, tanto si consiguen beneficios como si, como consecuencia del esfuerzo en provisiones, no disponen de ganancias o reservas distribuibles suficientes.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ya previó la semana pasada que algunas entidades podrían entrar en números rojos por las provisiones adicionales para sanear sus balances. La reforma obliga al sector a dotar 30.000 millones extra este año para limpiar sus balances. En febrero el Ejecutivo ya impuso unas provisiones de 53.000 millones. En caso de que los grupos financieros lleven a cabo un proceso de fusión contarán con un ejercicio más para llevar a cabo el esfuerzo.
Sin penalización a los gestores
El decreto aprobado permite la obtención de ayudas a través de bonos convertibles en acciones a devolver en cinco años. Pero no penaliza a los gestores de las entidades que soliciten los recursos del Estado. Según la normativa, los órganos de gobierno y dirección podrán ser sustituidos "provisionalmente" en el caso de que la ayuda no se pueda devolver y el préstamo se convierta en acciones. Es decir, que se lleve a cabo una nacionalización parcial o total. Esta es una de la medidas cautelares que puede adoptar el Frob y el Banco de España.
Banca: 30.000 millones más en provisiones