La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) aprobó ayer cambios de calado en su funcionamiento interno para recuperar la credibilidad perdida tras el caso del fraude de las VPO promovidas por la anterior dirección de la patronal.
Su presidente, Javier González de Lara -que sustituyó en enero al anterior, Santiago Herrero, imputado en el caso VPO- explicó que desde ayer están en vigor el nuevo Código Ético, los nuevos estatutos y las nuevas normas internas de contratación. En paralelo , González de Lara señaló que antes de final de año se podría firmar una hipoteca sobre la sede de la CEA en Sevilla con Popular, BBVA y Unicaja por 7,8 millones de euros. La sede está tasada hoy en 16 millones, frente a los 30 millones de 2011.
La CEA usará el dinero de ese crédito para pagar parte de los 12 millones de euros de deuda comercial con una quincena de proveedores. Además, la patronal acumula 21 millones en pérdidas entre 2011 y 2013 incluidos.
Junto a todo ello, de las reuniones mantenidas ayer por el comité ejecutivo y la junta directiva de CEA se desprende, según fuentes consultadas por elEconomista, que la mayoría de votos de CEA irán a la candidatura de Antonio Garamendi como presidente de CEOE. Oficialmente, González de Lara aseguró que se ha dado libertad de voto a los 36 vocales que corresponden a CEA y sus patronales asociadas -la de Sevilla (CES) apoyaría al otro contendiente, el actual líder de CEOE, Juan Rosell-.
González de Lara sólo dijo que, sea quien sea el presidente, le reclamará que reconozca el peso de la economía andaluza como la tercera más importante del país. "Otros más pequeños que nosotros incluso se quieren declarar un estado", añadió en referencia velada a Cataluña. Precisamente Garamendi es quien más firmemente se ha pronunciado contra el desafío secesionista de la Generalitat.
Detalles
Los nuevos Estatutos recogen una limitación de 70 años en la edad de quien ostente la presidencia. Algo que mete presión en procesos de renovación de presidencias de algunas patronales provinciales, como la de Huelva que dirige Antonio Ponce, de 70 años. También contemplan que, por mayoría absoluta de la Asamblea General, se expulse a directivos de la CEA que incumplan el Código Ético y de Buen Gobierno, o a empresas que no paguen su cuota.
Con respecto a los conflictos de intereses que puedan afectar a los miembros de la CEA, el Código de Buen Gobierno señala literalmente: "Los miembros de los órganos de gobierno de CEA actuarán siempre de manera que sus intereses particulares, los de sus familiares o de otras personas vinculadas a ellos no primen sobre los de CEA, tanto en las relaciones que mantengan con la propia Entidad, como en las que mantengan con los asociados de la misma, los proveedores o cualquier otro tercero. Asimismo, ninguno de ellos podrá hacer un uso particular de los activos de CEA, más allá de aquél a que tenga derecho en su condición de miembro de la misma, ni valerse de su posición en la Entidad para obtener una ventaja patrimonial a no ser que haya satisfecho una contraprestación adecuada".
Retribuciones e información
Numerosos directivos de la antigua cúpula, desde su presidente a varios vicepresidentes, se valieron de su posición para derivar negocio a sus empresas o las de sus familiares, especialmente en actividades de formación.
Además, el Código detalla que los miembros del comité y la junta directiva no cobrarán sueldo, sólo dietas. En cuanto al derecho a la información que asiste a todos los miembros del comité ejecutivo, lo reconoce pero deja su cumplimiento efectivo en manos del presidente.
Sin embargo no se incluye en los estatutos, pese a lo anunciado en septiembre, regulación alguna de las relaciones de CEA con sus entes dependientes, como la fundación que promovió la VPO que dieron origen el citado caso. La CEA tiene o participa en otras fundaciones -FCEA, Nao Victoria, Doña María de las Mercedes- y la no inclusión de regulación alguna sobre las mismas indicaría que su destino es su disolución y la no creación de nuevos entes.
Caso VPO
Con respecto a las VPO, González de Lara señaló que el mes pasado se retomaron las obras de 500 viviendas inconclusas de las 580 promovidas por una fundación propiedad de CEA -la FDSE-. Se ha devuelto además el dinero adelantado -hasta 17.000 euros en algunos casos- a 180 compradores que han renunciado a la casa. También aseguró que la relación con los administradores de la fundación, que está en concurso, es fluida.
El informe elaborado por los administradores concursales conocido en julio pasado señala que fue la falta de diligencia de los patronos de la Fundación Desarrollo del Sur de Europa -entre ellos Herrero o el exvicepresidente Juan Salas, además del actual secretario general de CEA, Antonio Carrillo- la que provocó las irregularidades en esa promoción aún por terminar.
La constructora encargada de las obras, Dolmen, recibió anticipos de 5 millones y un crédito de 2,5 millones -significativamente no reclamado por CEA en el concurso de la propia Dolmen-, y no terminó las obras. La Sareb, que heredó el crédito promotor de la antigua Caja Madrid (hoy Bankia) detectó un desfase de al menos 12 millones entre el valor de las obras (unos 38 millones) y el crédito dispuesto (50 millones). No obstante, la fiscalía archivó las diligencias iniciadas tras presentársele esa denuncia por Sareb.
La CEA cambiará sus estatutos para evitar más casos VPO
