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La fundación de CEA 'olvida' reclamar a Dolmen 2,5 millones que le prestó para las VPO

Carlos Pizá (@carlospiza)
25/03/2014 - 23:53
  • La deuda con la FDSE es una de las de mayor cuantía individual de Dolmen
  • Dolmen es clave en la denuncia por estafa en que está imputado Herrero
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Santiago Herrero, expresidente de la CEA. Foto: Fernando Ruso


El avance de las dos causas judiciales -en torno a la presunta estafa cometida con proveedores de las viviendas y por el concurso de la Fundación de CEA que las promovió- desvela que la empresa gestora de las 583 VPO en Sevilla recibió 2,5 millones en 2009. Tras entrar en concurso en 2012, la FDSE decidió no sumarse a la lista de acreedores mediante la no comunicación del saldo pendiente.

El cúmulo de irregularidades, presuntamente delictivas, cometidas por la recién relevada cúpula de la patronal andaluza CEA al frente de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (FDSE), se amplía. La FDSE, participada al 100 por CEA y cuyos patronos eran el expresidente de la patronal, Santiago Herrero, el aún secretario general Antonio Carrillo, y los exvicepresidentes Juan Salas y -en sus últimos meses antes de entrar en concurso- Antonio Ponce, concedió en 2009 un préstamo de 2,5 millones de euros a Dolmen. Así se recoge en las cuentas de la FDSE de ese ejercicio y en el registro de acreedores que la propia Dolmen, en concurso desde 2012, ha aflorado.

Sin embargo, según fuentes jurídicas cercanas a los dos procesos judiciales citados, la FDSE no se personó en el concurso de Dolmen como acreedor para tratar de recuperar parte de ese dinero. Ahora, ante esa dejadez, olvido o actitud deliberada por parte de los expatronos de la Fundación, será muy complicado que se recupere algo de ese dinero. No sólo porque Dolmen no podrá responder prácticamente ante ninguno de sus acreedores, sino porque los plazos para personarse concluyeron hace dos años.

Dolmen tiene una deuda concursal de 62 millones de euros y el crédito pendiente con la FDSE es uno de los de mayor cuantía individual, junto a los de la Agencia Tributaria (7,5 millones), Vial Inmuebles (promotora del propio grupo Dolmen, con 6,9 millones), Caixabank (4,3 millones, incluyendo a las antiguas Cajasol y La Caixa), Grupo Banco Popular (3 millones) o Bankia (2,1 millones).

Falta de diligencia

Dolmen estaba presidida por Juan Manuel Sanz, socio de Herrero en otras promociones de VPO en Andalucía y uno de los accionistas de la sicav Cartera Andaluza, impulsada desde la CEA. Los estatutos de la FDSE recogen, en su artículo 23, y en relación con las 'Obligaciones y Responsabilidades de los Patronos' lo siguiente: "Los patronos responderán solidariamente frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la ley o a los Estatutos, o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar el cargo".

Es en este último aspecto, la falta de diligencia, en el que cabría incluir la no personación voluntaria en el proceso concursal de Dolmen para reclamarle esos 2,5 millones de euros. Y el juez de lo Mercantil que gestiona el concurso de la FDSE podría apoyarse en este, además de otros aspectos, para acabar declarando el concurso como culpable, lo que acarrearía que los expatronos deberían de responder con su patrimonio del daño causado en la proporción que estime el magistrado. Aunque aún faltan meses para que se produzca el desenlace del concurso, instado por el banco malo (Sareb) que heredó 50 millones de crédito promotor de la antigua Caja Madrid a la FDSE.

Precisamente la actuación de Dolmen como empresa gestora del proyecto de construcción de la VPO está en el origen de la demanda por estafa presentada por una decena de contratistas. Dolmen, según su denuncia, fue haciéndoles trabajar para otras empresas de su grupo de las que supuestamente iban a cobrar los trabajos realizados para tratar de terminar las 583 VPO de la FDSE. Nunca les pagó, y actuó a sabiendas que sus propias filiales estaban en situación de insolvencia cuando estos contratistas empezaron a trabajar para ellas. Los contratistas acusan también de connivencia a la cúpula saliente de la CEA y la FDSE con esta presunta estafa, y por eso la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha imputado a Herrero, Carrillo y Salas, además de otros exdirectivos de Dolmen como el citado Sanz y el exdirector general, Antonio González.


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