La banca española está expectante por las conclusiones que sobre la retroactividad de las cláusulas suelo publicará hoy el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Paolo Mengozzi.
Aunque las entidades consultadas no se atreven a adelantar si el dictamen les será o no favorable a sus intereses, se muestran moderadamente optimistas.
Algunas confían plenamente en los razonamientos jurídicos expuestos ante el Tribunal en la vista del pasado 26 de abril y otras, además, recalcan los hechos posteriores, como el triunfo del Brexit en el referéndum del Reino Unido o la debilidad manifiesta del sector bancario italiano.
Mengozzi debe especificar si la nulidad de las cláusulas suelo se debe considerar desde su creación o, por el contrario, respalda el criterio del Tribunal Supremo, que limitó la retroactividad al 9 de mayo de 2013, ya que según recogió en la resolución de esa fecha "es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico".
Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero el Tribunal de Luxemburgo sigue su criterio en la mayoría de los casos, por lo que su decisión dará una pista sobre el sentido de la sentencia que previsiblemente se dictará en otoño.
Algunas entidades recalcan que el dictamen podría tener también un componente político y considerar que tras el Brexit sería imprudente aumentar la tensión entre las naciones de la UE al cuestionar la sentencia del más Alto Tribunal de un país miembro.
También se puede considerar, según fuentes del sector consultadas, que abogar por la retroactividad total de las cláusulas suelo sería imponer una dura carga económica a la banca española cuando tanto la de Portugal como la de Italia parecen abocadas a un rescate. Además, aunque algo atenuado por las últimas sesiones alcistas, sufren en bolsa como el resto de entidades europeas el efecto del Brexit.
Según un informe del Banco de España la retroactividad total tendría un coste para las entidades españolas afectadas de entre 5.000 y 7.600 millones de euros.
Caixabank ha calculado que el impacto alcanzaría los 1.250 millones, Popular, los 684 millones y Liberbank, los 259 millones de euros, cantidades que han sido provisionadas parcialmente. BBVA no ha desvelado en cuanto estima el coste de devolver las cantidades cobradas a sus clientes, si bien Goldman Sachs lo cifra en unos 1.800 millones de euros.
Tras la sentencia del Supremo y la de otros tribunales inferiores que anulaban las cláusulas suelo por falta de transparencia, la mayoría de las entidades financieras han dejado de aplicarlas en sus créditos hipotecarios.
De las principales entidades, tan sólo Bankinter y Santander se libran de la preocupación por lo que pueda decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que ambas entidades no llegaron a incluir cláusulas suelo en sus préstamos.
