La política fiscal de la alcaldesa Ada Colau ha ido dando giros desde su victoria en las elecciones municipales en mayo. La formación Bcomú aprobó ayer las nuevas ordenanzas fiscales, con los votos del PSC y la CUP y a pesar de la oposición de CiU, PP y Ciutadans que dejaban en empate la votación. Sin embargo, el voto de calidad de la alcaldesa ha permitido sacarlas adelante.
Estas nuevas medidas fiscales tienen como principal novedad una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un 4 por ciento a las viviendas con un valor catastral superior a 100.000 euros y de un 6 por ciento a las que superen los 300.000 euros. El Ayuntamiento explica el 79 por ciento de los edificios de Barcelona tienen un valor inferior a 100.000 euros.
Aunque la primera medida fiscal que tomó Bcomú fue revocar la subida del 10 por ciento del IBI que tenía prevista el anterior gobierno municipal del convergente Xavier Trias, poco después el equipo de Colau propuso congelar el IBI. Pero ante la negativa de todos los grupos de la oposición, Bcomú decidió negociar con el resto ante la nueva revisión catastral que se aplicará en 2017. El Ayuntamiento estima recaudar 633 millones con el IBI.
Según el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, la propuesta de Ordenanzas Fiscales quiere aplicar una filosofia redistributiva y más progresiva "se basa en cuatro pilares: quien más tiene, debe contribuir más por el bien común, preservar las clases medias afectadas por la crisis y contribuir a rescatar las familias que más han sufrido estos años".
Bonificaciones y medio ambiente
Aunque éstas no están incluidas en las Ordenanzas, se prevé que en las negociaciones se llegue a pactar una subvención equivalente del 50 por ciento de la cuota del IBI para las personas con una renta baja o que estén en situación de paro de larga duración. Una petición de ERC también propone que un total de 79 establecimientos históricos se les aplique una rebaja del 95 por ciento del IBI.
En cuanto a fiscalidad ambiental, el consistorio deja de bonificar de manera "explicita" los vehículos diesel y apuesta por fomentar el uso de los vehículos de gasolina que menos partículas en suspensión emita, en coherencia con la estrategia contra el cambio climático. Además, según la propuesta de las Ordenanzas, se bonificarían a todos los veículos no contaminantes, y no sólo los turismos como hasta ahora. Se aplicarán bonificaciones a los vehículos híbirdos, con un 75 por ciento del impuesto de circulación, con la condición de que sean de gasolina y emitan un máximo de 120 gr/km CO2 de emisiones con un 25 por ciento y se amplía de uno a cinco años la bonificación.
