La vivienda es uno de los argumentos más cacareados por el Gobierno. Cuando el Ejecutivo aún no reconocía la profunda crisis económica ni el desmoronamiento de los sectores de la construcción e inmobiliario, se presentaba la gestión de la vivienda pública como una política social que debería actuar para favorecer el acceso de determinados colectivos a una vivienda digna.
Con la crisis instalada, los argumentos del Gobierno se dirigen más a presentar su política de vivienda como un instrumento anticíclico y así se presentaron en el Consejo de Ministros extraordinario del jueves pasado.
De las medidas planteadas, ninguna tiene efecto inmediato y todas remiten al ejercicio 2009 como mínimo para su ejecución. Los planes de renovación y rehabilitación de edificios y viviendas y el llamado plan Renove para mejorar las instalaciones técnicas de las viviendas y hoteles en materia energética y ecológica pueden tener un desarrollo más rápido, siempre y cuando la articulación de los incentivos y los fondos se pueda realizar directamente desde el Ministerio.
Más plazos
Si se instrumenta a través de las comunidades autónomas, los plazos, inevitablemente se alargarán por meses. El Plan Renove se propone actuar sobre 500.000 viviendas con una dotación de 2.500 millones de euros.
Otro inconveniente común para la puesta en marcha del citado plan y el de rehabilitación es que exista demanda y ésta depende, además de la generosidad de las ayudas, de articular mayorías suficientes en las comunidades de propietarios. El Gobierno ha anunciado una reforma de la Ley de Propiedad horizontal para rebajar el quórum exigido para grandes reformas, pero como todo cambio legislativo, requiere de un trámite parlamentario que no es breve.
El plazo más perentorio del Gobierno (30 de septiembre) se ha reservado para un anteproyecto de ley de fomento del alquiler y de eficiencia energética de los edificios -materias que no tienen nada que ver, pero que por economía parlamentaria entran en la misma norma-. Con un año escaso de vigencia del Código Técnico de la Edificación, parece apresurado hacer una nueva ley sobre eficiencia energética.
También se ha introducido una variable de última hora que propone un sistema arbitral de resolución rápida de conflictos arrendatarios. No se sabe si es una renuncia a la anunciada reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que perseguían, según se dijo, prácticamente lo mismo. Tampoco supone novedad alguna la renovación de la línea de avales del ICO para financiación de vivienda protegida. La cuantía es la misma que la que finalmente se ha otorgado este año y que se consumió en pocos días.
Por último, el Plan de Vivienda 2009-2012 sigue su larga gestación. La novedad consiste en que cada comunidad autónoma podrá decidir su grado de adhesión al Plan. Las primeras viviendas se concluirán, con suerte, a finales de 2010.
Cronología de los anuncios
La cronología sobre el anuncio, repetición y matiz de las medidas en materia de vivienda arrancó con la aprobación del Plan de Estímulo Económico aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de abril. Entonces, el Ejecutivo decidió incrementar en 2.000 millones de euros -hasta alcanzar los 5.000 millones- el dinero de los avales del ICO para la titulización de créditos hipotecarios en la adquisición de VPO.
Sin embargo, en la presentación del Informe Económico de Moncloa el 23 de junio, Zapatero vendió el incremento de la línea de avales del ICO en 8.000 millones en los dos próximos años. Entonces, no salían las cuentas porque la cuantía se había ampliado a 5.000 millones anuales, de manera que el Gobierno no tuvo más remedio que corregir esta cifra en sus posteriores comparecencias del 2 de julio en el Congreso y en el Consejo de Ministros del 14 de agosto. Ahí, ya se habló de una línea de 10.000 millones.
Además, en abril, el Gobierno dio el visto bueno a un anuncio electoral: el alargamiento gratuito de los plazos de amortización de las hipotecas en 2009 y 2010, una medida cuestionada meses antes por el Banco de España y el propio vicepresidente, Pedro Solbes, poco amante de hipotecas a 30 o 40 años.
