Los Mossos d'Esquadra han destapado una estafa de más de 600.000 euros por la venta fraudulenta de numerosos pisos de protección oficial ya adjudicados en Barcelona. La Policía cree que puede haber decenas de estafados que pudieron haber adelantado entre 15.000 y 30.000 euros.
Una agencia inmobiliaria del distrito de Nou Barris ofrecía pisos de protección oficial promovidos por instituciones públicas, ya adjudicados y que no eran de su propiedad.
Los dos administradores detenidos
Sus dos administradores, José G.F., de 64 años, nacionalidad española y antecedentes por estafas y delitos contra el patrimonio, y Maria D.P., rumana de 38 años, fueron detenidos el martes. Ambos son vecinos de Barcelona.
A través de las empresas Bella Direct SL y Wilson Bay, ponían anuncios en los periódicos ofreciendo pisos de protección oficial a precios muy bajos y sin pasar por concurso público. Se trataba de una "oferta única", según la publicidad, ya que eran pisos de 70 metros cuadrados, tres habitaciones, un baño, cocina, comedor y una plaza de aparcamiento por 155.000 euros.
Los pisos, todos en la capital catalana, pertenecen a promociones del Patronato Municipal de la Vivienda, del Ayuntamiento, en el número 104 de la avenida República Argentina y en el 99 de la avenida Vallcarca, en el barrio de la Salut; en el 31 de la calle Deià, en Porta, construidos por el Instituto Municipal de Urbanismo, y en la Via Favència 298-312, en el Verdun, construidos por el Institut Català del Sòl (Incasòl). Las tres instituciones se presentarán como parte afectada en el proceso judicial.
Las víctimas contactaban con la empresa inmobiliaria a través de un número de teléfono que aparecía en el anuncio o por el 'boca-oreja' y a continuación se reunían con los administradores en la sede de la empresa.
VPO sin sorteo
En la primera reunión, los detenidos explicaban a los interesados que los pisos valían muy poco porque pertenecían a promociones de viviendas de protección oficial destinadas a compradores que no tenían que participar en un sorteo para adquirirlos.
Para acceder a estos pisos, los compradores tenían que pagar una entrada de entre 15.000 y 30.000 euros y realizar varios pagos hasta la entrega del inmueble.
Hasta ahora los Mossos han recibido 32 denuncias por estos hechos, algunas desde septiembre, pero no descartan recibir algunas más, ya que muchos de los afectados todavía no saben que han sido estafados. Tampoco se descartan más detenciones.
Los 74 pisos van destinados al alquiler para jóvenes, y ya fueron adjudicados en febrero tras un sorteo realizado por el Ayuntamiento de Barcelona, según informó hoy el Incasòl.
