El Parlamento de Navarra ha aprobado hoy con el voto en contra de UPN, el partido que sustenta al Gobierno, una ley que prevé, entre otras medidas, el embargo de hasta 5 años de inmuebles en proceso de ejecución hipotecaria por entidades bancarias para evitar desahucios y la dación en pago.
La iniciativa legal, defendida en el pleno de la cámara por PSN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos, que también ha contado con el voto en contra del PP, pretende "asegurar la función social de la vivienda" y superar su actual condición de mero bien de consumo sujeto a las leyes del mercado, según sus promotores.
Las medidas que propone esta ley son muy similares a las ya aprobadas en Andalucía y que la Comisión Europea ha criticado duramente el pasado día 24 de junio porque considera que amenaza la estabilidad bancaria.
Las medidas de la ley
La ley regula la declaración de vivienda desocupada, de las que se hará un censo en toda la comunidad, define una serie de causas de expropiación y deja en manos de los inspectores las tareas de "investigación, comprobación e incoación de expedientes sancionadores".
Prevé la posibilidad de embargar con carácter temporal, hasta cinco años, las viviendas de las entidades bancarias en proceso de desahucio, para que las familias afectadas puedan permanecer en el inmueble durante ese período abonando un "alquiler social que no supere el 25 % de sus ingresos".
Las familias que se podrán beneficiar
Podrán ser beneficiarios de esta expropiación forzosa de "interés social" las unidades familiares cuyos ingresos conjuntos no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
No obstante, cuando la unidad familiar tenga tres miembros dicho límite se fija en 3,25, cuando tenga cuatro, en 3,50, y si tiene cinco o más se añadirá un 0,25 por cada integrante.
Por otra parte, la ley posibilita la dación en pago de viviendas protegidas, en casos de imposibilidad o dificultad para hacer frente a las hipotecas, eliminándose así los problemas derivados de la aplicación de los límites existentes para su adquisición.
Fruto de varias enmiendas, la norma otorga al Gobierno un plazo de seis meses para poner en marcha un Registro de Viviendas Vacías, para los que se establecerá un impuesto que doble la actual cuantía de la contribución urbana.
Quedarán exentas las viviendas cuyos titulares sean funcionarios públicos y trabajadores que desempeñen sus labores fuera de la localidad en que esté ubicada la casa.
Andalucía aprueba su ley contra los desahucios
