La temporada alta en el sector turístico empezó oficialmente el pasado viernes con la llegada del verano. Las perspectivas son buenas, tras el incremento de un 3,9 por ciento en el número de visitantes extranjeros registrado entre enero y mayo, hasta los 19,8 millones, según el ministerio de Industria.
Y los indicadores adelantados de plazas aéreas ofertadas y reservas cerradas entre julio y septiembre crecen respectivamente, un 0,8 y un 7,8%, respectivamente, según Turespaña.
Un caldo de cultivo propicio para que esta actividad vuelva a tirar del carro de la economía, pero también para que florezca con más fuerza aún que otros años la actividad sumergida ligada a todos tipo de actividades y servicios que demanda el turista: alojamiento; transporte; actividades deportivas; etcétera.
Una actividad pirata que, según el estudio más reciente sobre economía sumergida en España realizado por Visa Europa, tiene su mayor incidencia relativa en el sector constructor (con un 29% del PIB que genera), seguida justamente de hoteles y restaurantes (con otro 19 por ciento), comercio (un 18 por ciento) o, ya en quinto lugar, el transporte y comunicaciones, con otro 14 por ciento. Esta firma financiera pone cifras además, al hablar de las causas que explican que la economía en B represente en torno al 19 por ciento del PIB nacional, a una de las denuncias reiteradas por empresarios y asociaciones al hablar de lo que ocurre para que el turismo y toda la actividad aledaña sean de las más afectadas por este fenómeno: la falta de control.
Diferencias
Visa señala, primero, que en general España destina un 79 por ciento menos de recursos que Alemania y el 54 por ciento menos que Italia a luchas contra esta actividad en negro. Y, en segundo lugar, que las autoridades fiscales están infradotadas de recursos y centran la inspección en los asalariados y en el 30 por ciento de las compañías que tienen mayor tamaño. Y, precisamente, son las pymes las que ejercen, pero también sufren, la mayoría de esta actividad ilegal.
El de los apartamentos turísticos es uno de los negocios que más ingresos podría dar a las arcas públicas si funcionara legalmente, ya que las empresas de alquiler dadas de alta ingresan IVA (10 o 21 por ciento, según el servicio); retienen por el IRPF cuando liquidan al propietario del piso, hasta el 33 por ciento en el caso de los extranjeros; más el efecto de la actividad inducida.
Todos estos gastos, que suponen ingresos para el Estado, van incluidos en los 850 euros que, por ejemplo, la empresa Fincas Arena pide en invierno por el alquiler mensual de un apartamento en primera línea de playa de Benidorm (Alicante). "Vienen clientes extranjeros y me dicen que les ofrecen uno parecido por 500 o 550, ilegal, y yo no puedo trabajar a ese precio", se queja el gerente, Miguel Ángel Sotillos, que es vicepresidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Blanca (Aptur).
Por comunidades
En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay 36.180 apartamentos turísticos registrados en la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), con un total de 171.646 plazas. "No serán más del 30 por ciento de los que hay realmente", calcula Sotillos, que cree que hay muy poco control oficial. Como síntoma del problema, asegura que en el edificio de Benidorm donde está el registro de la AVT hay apartamentos en alquiler sin registrar. Según este representante, "lo fácil es inspeccionar a las que están registradas".
"A mí un particular que alquila su apartamento no me hace daño, son los porteros o los jubilados que llevan 10, 20 o 30 pisos los que me perjudican", añade.
En Cataluña, según datos de la consejería de Empresa y Empleo, que engloba las competencias de turismo, existen entre 200.000 y 300.000 segundas residencias que pueden ser pisos ilegales, lo que significa cerca de un millón de plazas no regularizadas. La comunidad ha reforzado sus labores de inspección, haciendo hincapié en intermediarios y Apis y en webs que publicitan estos apartamentos. Desde la Generalitat, apuntan que se ha hecho una inspección de 2.000 páginas webs y de estas unas 250 tienen irregularidades.
Si continúan incluyendo viviendas ilegales pueden someterse a una posible sanción de hasta los 30.000 euros.
Un millón de plazas
David Riba, empresario y responsable de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR), apunta que gracias a la nueva normativa que establece las reglas para legalizar estos pisos, "han florado muchos apartamentos", lo que se traduce en que paguen las tasas correspondientes y liquiden tributos como el IVA. "En Barcelona hay 6.000 apartamentos turísticos legales, hace un año eran la mitad".
Misma problemática en las zonas de interior, como explican desde Castilla y León, líder del segmento en España. "La gente invirtió en un segunda vivienda en las zonas rurales en los tiempos de bonanza y ahora las alquilan parcial o totalmente de tapadillo para pagar la hipoteca o lograr ingresos extra", explica Luis Rodríguez, presidente de la Asociación Castellano y Leonesa de Turismo Rural (Acaltur).
Rodríguez reconoce que es muy difícil calcular su impacto económico, aunque asegura que "han crecido notablemente con la crisis y en la Sierra de Francia o Gredos pueden suponer el 50% de los alojamientos que se ofertan".
Una de la razones de esa opacidad es que "no hay suficientes inspectores y no se puede hacer un control ágil y rápido", según Rodríguez, pese a que es fácilmente detectable con sólo mirar los anuncios en las páginas web de turismo rural. Sólo queda la denuncia como principal arma para destapar estas actividades fraudulentas, algo que no obstante es especialmente complicado en las zonas rurales, donde toda la gente se conoce y "no se atreven a denunciar a un vecino". Acaltur presentó en octubre del pasado año un informe a la Consejería de Cultura y Turismo, que es la que posee las competencias, denunciando 800 casos de fraude.
Misma preocupación de las asociaciones de hosteleros de la Ruta Jacobea. Desde la Asociación Hostelería Compostela, su presidente, José Manuel Otero, admite estar preocupado por el hecho de que en Galicia exista "una parte importante" de hospedaje ilegal, aunque no quiso especificar cuanto porque "no hay manera de probarlo", dijo.
Otero se refirió al Camino de Santiago como "caldo de cultivo" para que se den este tipo de prácticas. En parte, la crisis tiene mucho que ver en ello, explicó, pues lejos de disminuir esta actividad oculta, ha aumentado "considerablemente" por la necesidad económica. El directivo pide a la administración "una mayor vigilancia y persecución".
César García Arnal, de Upta, asegura que el origen de gran parte del incremento de la economía sumergida en los alquileres turísticos y vacacionales por parte de privados se encuentra en la falta de filtros de los distintos portales de alquileres turísticos. "Todos ellos se rigen por criterios puramente onerosos", afirma Arnal, "en los que prima el pago de cuotas frente a las garantías de la homologación y legalidad de los establecimientos".
En Andalucía, tercer gran destino turístico nacional, inspectores de la Junta detectaron más de medio centenar de establecimientos turísticos clandestinos en la provincia de Málaga durante 2012. En este primer semestre de 2013, ya tiene bajo su punto de mira a otros 40, según señalaron a elEconomista fuentes de la Junta. Uno de los municipios más afectados por esta economía sumergida es Marbella. En Sevilla, los empresarios de hostelería detectaron más de 100 apartamentos turísticos clandestinos.
Las mismas fuentes señalaron que la mayoría de las irregularidades se detectan a través de Internet, ya que mucha gente comercializa su negocio por este canal. "Esta tipificada en la ley del Turismo de Andalucía como infracción grave", apuntaron. No obstante, hay piratas ingleses o de otros países que alquilan desde el extranjero y es muy difícil seguirles el rastro.
Empresas que operan en otro segmento en auge, el del turismo de aventura, han visto crecer la competencia desleal aunque en este caso por culpa del propio Gobierno. Juan Bazán, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Aragón (TDA), explica: "hemos detectado un error por parte del Gobierno central de subir el IVA en las actividades de aventura desde el 8 al 21 por ciento. Es un error garrafal porque ha parado a las empresas en seco e intuimos que ha generado una economía sumergida mayor en los autónomos que ofrecen estas actividades".
Además, en este sector también está el problema de que hay entidades que no están controladas y que ofrecen servicios de empresas de turismo activo, como es el caso de clubes encubiertos, por ejemplo, que realizan estas actividades y que están cobrando sin facturaciones reales. Para solucionar estos problemas, desde la asociación aragonesa se considera conveniente que se haga un mayor control desde las administraciones". En Aragón estamos muy controlados, pero no sabemos si en el resto de España las empresas lo están porque en otras autonomías, como por ejemplo Madrid, no se piden requisitos mínimos a las empresas", señala Bazán.
Otro 'clásico' de la economía sumergida en el turismo son los taxis pirata. Pedro Mostaza, secretario general de UNIATRAM (Unión de Autónomos del Transporte por Carretera y Mar) - UGT explica que operan de tres maneras: "pillando al cliente en caliente, en aeropuertos, intercambiadores, estaciones,.. Luego, hay veces que se anuncian en Internet, en farolas, en locutorios...". Por último, Mostaza señala los que usan intermediarios, es decir, trabajadores, por ejemplo, de un hotel que, a cambio de una comisión, en lugar de llamar a un transporte legal, llama a uno ilegal.
Hacienda buscará alquileres no declarados
