La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) puede tener los días contados. A la oposición reiterada de los diferentes grupo políticos que han pedido en numerosas ocasiones su cierre -en seis años de vida acumula una deuda de más de 30 millones de euros- se suman ahora las críticas de sus clientes, propietarios e inquilinos que han visto cómo el ente ha cambiado las reglas de juego con las que firmaron sus contratos.
Los cambios, adoptados de manera unilateral, han pillado a todos por sorpresa. Por una parte, a las familias que viven de alquiler. La SPA ha revisado las condiciones de un centenar de inquilinos a los que les vencía el contrato y ha anunciado una subida del 18,5% en septiembre. El escrito venía firmado por la presidenta de la sociedad, Nieves Huertas.
Cada inquilino recibió por correo electrónico una carta con las nuevas condiciones: una subida del 18,5% en función de los "nuevos precios de mercado" calculados por la SPA. "No entendemos que en un momento de crisis la Administración quiera hacer negocio, más ahora que los precios del alquiler han bajado", dice uno de los afectados. Desde la Sociedad afirman que el contrato ha finalizado e insisten en que el mercado ya ha empezado a recuperarse. Además, recuerdan que la subida sigue dejando las rentas un 36% por debajo de los precios de mercado.
Bandazos de la SPA
También por el lado de los propietarios hay descontento. Quienes dejaron sus pisos en sus manos se sienten traicionados. La entidad ha dejado de pagar las rentas de las viviendas cuando estén desocupadas, con lo que suprime este punto del contrato en el que se les aseguraba siempre su cobro, y que era uno de los principales incentivos. Se pasa ahora del Alquiler garantizado a Alquiler con garantías.
Pero en esa ocasión, por el contrario, les anima a bajar el precio para adecuarse a un mercado que está en crisis.
"Esto no se entiende: a los inquilinos les quiere subir los precios pactados porque el mercado ha mejorado y, sin embargo, a los propietarios les pide que los bajen porque estamos en crisis", critica el portavoz del PP de Vivienda en Congreso, Pablo Matos, que insiste en que "la Sociedad Pública de Alquiler nos sale muy cara".
Los números rojos acorralan al ente público y todo apunta, según fuentes consultadas por elEconomista, a que siga los pasos del ya extinto Ministerio de Vivienda. Y no sólo por el que parece inevitable cambio de legislatura. El organismo, dependiente ahora de Fomento, acarrea una deuda que superaría los 30 millones de euros. Según los últimos datos presentados por la entidad, correspondientes a 2009, el agujero superaba ya en ese ejercicio los 28 millones de euros.
Escasa actividad
Además, el ente "que se paga con el dinero de todos", recuerda Matos, no ha conseguido los objetivos para los que fue creado. La Sociedad nació a mediados de 2005 en la época de la exministra Magdalena Álvarez con el fin de promover el alquiler de viviendas vacías y actuar de intermediaria entre propietarios e inquilinos. Pero en estos años se calcula que ha formalizado sólo cinco contratos al mes por provincia. No llega a 18.000 operaciones pese a que el objetivo estimado era de 50.000.
"Una cifra ridícula para las casi 22 millones de vivienda que hay en España y un resultado demasiado pobre para ser rentable. Si fuera una empresa pública, estaría declarada en quiebra técnica", denuncia Matos. Las cuentas no salen y según sus datos, cada inmueble gestionado cuesta al erario público casi 1.700 euros mensuales. "Está claro. La SPA nos sale muy cara a todos los españoles", dice Pablo Matos con las balances en la mano.
En 2009 el ente que preside Nieves Huertas recibió dos inyecciones a costa de los fondos públicos de 4,8 y 8,6 millones de euros, respectivamente. Posteriormente, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) inyectó otra partida de 6 millones para equilibrar las cuentas. Pero no ha sido suficiente y ya han sido despedidos una veintena de trabajadores de los más de 60 con que cuenta la entidad.
Tampoco el acuerdo firmado con la Confederación Española de las Cajas de Ahorro para movilizar los pisos que tienen en sus cuentas ha dado resultados. Matos insiste: "Si fuera una empresa privada, estaría declarada en quiebra técnica".
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