Según la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) desaparecerá en 2011 porque "no ha demostrado ser muy eficaz para la finalidad que tenía". La ministra se lamentó de que "en algunas comunidades la ayuda llegase incluso años después de suscribirse la correspondiente escritura pública", por lo que no cumplía su función de "que las familias no tuvieran que desembolsar la entrada en el momento en que adquirían el inmueble".
Corredor explicó la política de su ministerio en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por la interpelación del diputado del Grupo Popular, Pablo Matos, y defendió los recortes en la Vivienda de Protección Oficial, ya que no forman parte de "las líneas prioritarias, como son el alquiler y la rehabilitación".
Según Corredor, los recortes del ministerio en la VPO no afectarán a las familias, que "tienen hoy una mayor libertade para poder elegir la forma de acceder a su vivienda: alquilarla, comprarla o alquilarla primero y comprarla después".
Criticas del PP
La ministra de Vivienda no se libró de las críticas del diputado popular, Pablo Matos, que le reprochó su "pasividad" al frente de su cartera. Matos recordó las 100.000 personas que se han perdido su vivienda por no poder hacer frente a su hipoteca, cuando la línea ICO-Moratoria sólo ha empleado un 1,2 por ciento de sus fondos para ayudarles.
Esta línea del ICO habilitada por Vivienda el 1 de enero de 2009 fue creada para ayudar a afrontar los pagos de las hipotecas de aquellos que se quedasen en el paro. Desde entonces, de los 76 millones de euros con los que fue dotada la línea, sólo se han empleado 6.000. Por este motivo Matos criticó el "auténtico fracaso" de la medida.
Por otra parte, el diputado del PP instó a la ministra a que explicase los casos en los que retirarán las ayudas de la Renta Básica de Emancipación (RBE). Para Matos, Corredor debería de explicar si "se van a computar como ingresos las indemnizaciones por despido" o cualquier tipo de ingresos extraordinarios que recibiese el beneficiario de la ayuda y que le provocasen que se excediera en sus ingresos brutos anuales a los marcados para recibir la RBE (22.000 euros anuales).
Sin embargo, Corredor eludió responder a la pregunta, argumentando que su Ministerio todavía no ha pedido a ningún joven que devuelva ninguna ayuda, sino que simplemente "les hemos informado de que según los datos de la Agencia Tributaria han superado los límites de ingresos correspondientes para cobrarla". De este modo, explicó que no es su responsabilidad, sino que es de las comunidades autónomas, quienes "tienen que hacer el control del cumplimiento de los requisitos por parte delos jóvenes".
