Dentro del programa de ajuste fiscal del Gobierno, una de las medidas que ha suscitado más polémica ha sido el recorte de las ayudas a la vivienda de protección oficial, criticado desde múltiples y diversos ámbitos. Sin embargo hay al menos tres poderosas razones para estar en contra de estos programas: son innecesarios, ineficaces e injustos.
Esta es la postura que defiende Luis Garicano, catedrático de la London School of Economics, en el blog NadaesGratis. Garicano asegura que uno de los beneficios indirectos que traerá el programa de ajuste planteado por el Gobierno de Zapatero será "eliminar algunos de los despilfarros más egregios de las políticas públicas", en este caso, la vivienda.
La primera razón que esgrime el catedrático es clara: las VPO son la "peor medicina para el mercado inmobiliario", ya que no tiene sentido seguir subvencionando la construcción de nueva vivienda protegida en un mercado que "está colapsando bajo el peso de un exceso de oferta enorme". Es echar más leña al fuego.
La segunda es que la vivienda protegida agrava uno de los problemas estructurales más importantes de la economía española y su mercado de trabajo: la falta de movilidad laboral. Como recuerda Garicano, "esta falta de movilidad provoca muchas ineficiencias al impedir que los recursos se asignen a su mejor uso", lo que explica la enorme variación de las tasas desempleo en el país.
¿Por qué la VPO contribuye a agravar este problema? El profesor explica que "la regulación de la VPO contribuye explícitamente a esta falta de movilidad, ya que está prohibido alquilarlas o venderlas por un largo período de tiempo. Al agraciado al que le toca esta lotería no le queda otra que quedarse donde está durante estos años".
La falacia de la equidad y la justicia
La tercera razón es quizá la más importante. Los políticos, sin importar de qué partido, suelen justificar la vivienda protegida por temas de justicia social y de favorecer el acceso a la vivienda a los menos favorecidos. Y en contra de este argumento, Luis Garicano da a su vez tres razones.
1.- Las bandas salariales que pueden acceder a los sortoes son muy amplias, por lo que prácticamente la inmensa mayoría de la población joven puede acceder. Garicano pone el ejemplo del País Vasco, donde según los datos oficiales podría acceder a la VPO el 96,4%, y el de Pozuelo, donde el 97,55% de los jóvenes cumple con los requisitos.
2.- Normalmente el volumen del subsidio es muy alto en comparación con el esfuerzo que supone la vivienda libre, por lo que la alta rentabilidad de las inversiones está prácticamente asegurada.
3.- La adjudicación, que es por sorteo, favorece a un porcentaje ínfimo de la población: según los cálculos del catedrático en el País Vasco sería de entre el 0,16% y el 1% de la población. Poca igualdad genera la VPO.
Garicano concluye que "no hay justificación de oportunidad, ni de eficiencia para el sistema de VPO; aún menos la hay de equidad, ya que supone una transferencia muy elevada a los afortunados ganadores del sorteo, que no son necesariamente los que eran anteriormente menos afortunados de la sociedad (dada la extremada amplitud de las horquillas de ingresos elegibles)".
La supresión de las ayudas a la VPO
