Ciudadanos (C's) ha dado por roto el pacto alcanzado con el PP en la Diputación de Alicante, que propició la investidura como presidente del popular César Sánchez, después de que el equipo de gobierno rechazara su petición de quitar el cargo y sueldo a dos diputados imputados por temas administrativos. El único diputado de C's, Fernando Sepulcre, defendió en el pleno ordinario de hoy un ruego en el que pedía revocar los nombramientos de Bernabé Cano, del PP, como diputado de Cooperación y del socialista Agustín Navarro como vicepresidente de la Comisión Especial de Cuentas, por creer que ambos casos generan alarma social.
Sin embargo, el popular Sánchez ha argumentado que el pacto suscrito con C's para su investidura establecía apartar a cualquier cargo por presuntos casos de corrupción o si se generaba alarma social, situaciones que cree que no se dan en los casos de Cano y Navarro, por lo que no ha accedido a la petición de Sepulcre. Además, Sánchez cree que apartar a ambos diputados ahora iría contra la ley y contra los estatutos de la mayoría de partidos políticos, y ha propuesto elevar una petición a la Federación Española de Municipios y Provincias para adoptar un criterio común en todo el país con respecto a este tipo de imputaciones.
Tras el pleno, el diputado de C's ha comunicado a Sánchez que da por roto el pacto con el PP y posteriormente lo ha trasladado a los periodistas, a los que ha dicho que a raíz de los últimos casos de corrupción, como Imelsa o el relacionado con Ciegsa, las situaciones de Cano y Navarro han pasado a producir "alarma social".
De esta manera y a consecuencia de la ruptura del pacto, ha explicado que a partir de ahora "cada punto habrá que consensuarlo para llevarlo a pleno" y sólo concederá su apoyo "a quien deba dárselo, según los puntos o lo que se venga a debatir".
Tras él, el portavoz popular, Carlos Castillo, ha señalado que no cree que la ruptura del pacto deba cambiar "esencialmente" la situación y ha apelado "al buen criterio de C's" para poder "alcanzar acuerdos puntuales" en las cuestiones importantes.
Previamente, durante el pleno, uno de los imputados, el diputado socialista Agustín Navarro, ha afirmado que su caso no crea "ninguna alarma social" en su municipio, Benidorm, y ha acusado C's de defender la Constitución y la legislación "sólo en la parte que les interesa".
Ha advertido a Sepulcre de "la peligrosidad" de lo que está haciendo, que es juzgar y condenar obviando la presunción de inocencia, y le ha preguntado si los meses sin sueldo que solicitan se los pagarían, si resulta absuelto, él o su partido, aunque ha destacado, por encima de todo, el "daño moral" que esta situación conllevaría para él y su familia.
Además, ha opinado que las propuestas de C's ayudan a que los políticos "estén en el punto de mira" y ha calificado como de "muy peligroso" que los propios representantes políticos "juzguen por encima de la ley", algo que ha considerado "la antesala de regímenes dictatoriales y autoritarios".
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, ha pedido "cautela" con todas las personas, aunque ha dudado del término "corrupción administrativa" que utiliza el PP para definir algunas imputaciones, sobre lo que ha dicho que es un término que acuñó la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, para "modificar la línea roja de Alberto Fabra".
Lo que sí ha considerado "moralmente reprochable" es que la decisión de dar cargo y sueldo a Cano y Navarro se tomara después de las elecciones generales y no antes, algo que el presidente, César Sánchez, ha justificado en que "podía producirse una enorme injusticia" y haberse hecho un "uso electoralista" de la situación.
Por su parte, el también popular Castillo, durante su intervención en el pleno, ha acusado a Sepulcre de "poner el listón muy alto", a lo que el portavoz de C's ha respondido: "desgraciadamente, el listón tan alto lo ha puesto su partido".
