El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este jueves que pondrá en conocimiento de la Fiscalía las "irregularidades" detectadas por Intervención en la actuación de la empresa mixta Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, creada a través del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), para dilucidar "la existencia de posibles responsabilidades penales". Los perjuicios a la Hacienda Pública causados por esta sociedad -de la que el Ivvsa controla un 51% y Urbana Ducat, el 49%- están cuantificados provisionalmente en tres millones de euros.
El presidente ha precisado que de las 12 empresas mixtas creadas por el IVVSA, a fecha de 1 de julio de 2015 sólo estaban activas cuatro de ellas: Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas SL, Tarea Promotora de Viviendas Valencianas SL, Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas SL y Plan Cabanyal-Canyamelar, de la que el Ayuntamiento y Generalitat son cotitulares al 50%. Puig ha recalcado que "todas las empresas se constituyeron siendo Blasco" responsable de Vivienda "de ahí a Picassent" -ha dicho- y todas con un 49% de participación de la Generalitat, por lo que no podían ser fiscalizadas por los órganos de control de ésta.
La única auditoría que se ha podido impulsar, y así se ha hecho, ha sido la de Desarrollos Urbanos porque en diciembre de 2010 el Ivvsa adquirió el 2%, con lo que pasó a ser mayoritariamente pública, con el objetivo de obtener un aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que "nos ha costado 1,5 millones de euros a los valencianos".
En la auditoría, ha proseguido Puig, "se observa la comisión de numerosas ilegalidades desde su inicio, tanto en el proceso de constitución en 2004 de esta empresa mixta como en la operación ampliación de capital". Ese informe, ha incidido, "aconseja llevar a cabo acciones necesarias para conseguir la liquidación de la sociedad y exigir las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de los perjuicios a la Hacienda pública".
Demanda contra el socio privado
A la vista de este informe, la Conselleria de Vivienda ha iniciado la liquidación y disolución y el socio privado de la empresa, que "ha sido quien de facto ha llevado su administración y gestión, se ha negado a entregar la información original contable, fiscal y societaria", por lo que la Generalitat ha presentado una demanda en un juzgado de lo Mercantil para exigir su entrega.
El jefe del Consell ha incidido en que esta "no es una cuestión del señor Blasco", sino que "estuvo organizada por un partido" porque por esa Conselleria "ha pasado mucha gente y todos han mantenido la posición", al tiempo que ha destacado que en el caso de Tarea Promotora de Viviendas Valencianas SL era socio "un buen conocido, el señor Ortiz" y de ahí "había que huir" y así lo ha hecho la Generalitat desinvirtiendo en ella.
Por su parte, la consellera de Vivienda, María José Salvador, ha señalado que su objetivo es "desmontar la política de vivienda del PP" que "forjó Blasco" pero ante la que los consellers que le sucedieron actuaron "en connivencia". Ha señalado que en el caso de Desarrollos Urbanos han tenido acceso a dos contratos, de 500.000 y de 15 millones, en los que se evidencia que se articuló "un sistema que permite el retorno directo de contratos a empresas administradas por familiares directos, hermanos e hijos de los administradores privados que forman parte del capital de la empresa mixta". Ante este tipo de hechos, ha dicho, "auditoría, liquidación y a Fiscalía".
Por otra parte, la consellera también ha informado de que ha dado orden de que en la convocatoria de ayudas al alquiler de 2016 se rebajen los requisitos para acceder a ellas, tras conocer que 6.000 personas se han quedado fuera de la convocatoria de 2015.
