Rafael Blasco, exconseller de varias carteras del Gobierno valenciano y exdiputado popular en las Cortes Valencianas, ha afirmado que la decisión de participar en la feria de turismo de Fitur cuando era titular de Territorio y Vivienda fue "institucional", al tiempo que ha insistido en atribuir al servicio administrativo los asuntos relacionados con los contratos y las facturas, con lo que ha eludido cualquier tipo de responsabilidad. Blasco se ha pronunciado así en su declaración como testigo en la pieza 3 del caso Gürtel que se juzga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, en la que hay 13 acusados, entre ellos, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such.
Blasco ha acudido a testificar al tribunal valenciano en un furgón policial desde la cárcel de Picassent (Valencia), donde cumple condena desde el pasado mes de junio por malversar ayudas al Tercer Mundo, dentro de la primera pieza del conocido como caso Cooperación. En concreto, el también exconseller de Solidaridad fue condenado a una pena de seis años y medio de prisión.
Al exconseller, quien ha afirmado no recordar algunas de las preguntas que les han planteado, se le ha interrogado por el stand que puso la Conselleria de Territorio y Vivienda en la feria Fitur 2005 sobre unos parques naturales. Un total de cinco empresas de la trama Gürtel resultaron adjudicatarias de trabajos en el stand y en la causa constan dos facturas con el mismo concepto.
Preguntado por el hecho de que una exjefa suya de gabinete testificara que la idea de participar en Fitur vino o bien de él mismo, o del jefe de gabinete, ha contestado: "Si lo declaró, sería cierto". Así, indicó que la decisión fue "de la conselleria desde el punto de vista administrativo, pero es una decisión que se tomaría como en otros estamentos que participaron". En relación con la contratación del stand, ha señalado que "lo haría el servicio administrativo de la conselleria", aunque desconoce si fue la de Territorio o la de Turisme. Su departamento seguidamente recibió facturas por los trabajos realizados y las abonó, ha indicado.
"Yo nunca he llevado trámites de documentación administrativa", se ha defendido al igual que hizo en su declaración como acusado en el caso Cooperación. "Un conseller -ha subrayado- no se preocupa de este tipo de cosas", ha afirmado para agregar: "Nunca fiscalicé ningún tipo de facturas, sería el servicio administrativo".
