El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat, presentada por Podemos, con el apoyo del grupo socialista, Compromís y Ciudadanos y con la abstención del PP. La diputada de Podemos Fabiola Meco ha defendido la derogación de los artículos de la ley que confieren a los expresidentes "privilegios", como la disponibilidad de oficina, vehículo de uso propio, chófer, dos asesores o su condición de miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC), y ha criticado que la norma habla de "prebendas", pero "guarda silencio" y no establece rendición de cuentas o justificación de gastos.
"Cuando uno lee y relee esta norma en ningún capítulo hay obligaciones, sólo prerrogativas y derechos. Nada les sanciona", ha lamentado la diputada, que ha criticado que el fin de esta ley es que los expresidentes "tengan todo tipo de prebendas y ningún impedimento a la hora de compatibilizarlas con el espacio público o privado". "¿Todo esto para hacer qué?", se ha preguntado.
Así, ha destacado que en la ley no se explicitan las tareas que han de desarrollar los expresidentes, ni cuándo deben rendir cuentas, mientras se destina a esos "privilegios" dinero de las arcas públicas que "no hay que justificar", ni con una agenda pública ni con una memoria de actividades, por ejemplo.
También ha censurado que no hay "ni un artículo destinado a la revocación parlamentaria, ni siquiera en casos de condena judicial", como tampoco hay incompatibilidades, por lo que se trata de una norma "impropia de un sistema democrático que no estuvo a la altura" con este "gran pacto" firmado, en su día, por PP y PSPV.
Por ello, Meco ha defendido que "la dignidad de un alto cargo no se mide por ir acompañada de privilegios" y "el reconocimiento social a nivel honorífico y protocolario es suficiente", por lo que propone mantener los artículos 1 y 2.1 del Estatuto, referidos a este reconocimiento.
Reinserción laboral
Desde Ciudadanos, el diputado Antonio Subiela se ha mostrado a favor de la toma en consideración de la proposición, que matizarán en el proceso parlamentario porque "de alguna mantera hay que garantizar la representación social y la reinserción laboral de los expresidentes".
Ha admitido que esta ley recoge "privilegios excesivos a todas luces" y ha mostrado su esperanza en que el posicionamiento a favor de la revisión de los partidos que lo aprobaron en su día sea por "convicción, y no por no dar mala imagen a la prensa a dos meses de unas elecciones generales". Además, ha incidido en que no se debe justificar el cambio por la crisis, porque estos privilegios "eran excesivos antes, durante y ahora", y que se haga porque "entendamos que son excesivos, no porque no se puedan pagar".
La diputada de Compromís Mireia Mollà ha asegurado que su grupo aportará a esta proposición regular las incompatibilidades de los expresidentes, para endurecerlas y "romper con las puertas giratorias", más allá del debate sobre si los expresidentes tienen chófer, asesor o despacho.
Asimismo, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha mostrado su respaldo a la toma en consideración en tanto que ha reivindicado la dignidad de los presidentes de la Generalitat, que "son dignísimos solo por el hecho de que los hayan votado muchísimas personas". Ha defendido que en política "las cosas no son blancas o negras" y los socialistas defienden que se regule la función de los expresidentes para que no se "desaproveche" su experiencia. Así, considera que "no está mal que estén en el CJC con voz pero sin voto" porque "muchas de sus opiniones deberían ser validas, han hablado con mucha gente".
El PP insta a hablar "sin sectarismos"
Desde el PP, su diputado José Juan Zaplana ha manifestado su "abstención activa" y ha instado a hablar "en positivo" sobre el papel que deben tener los expresidentes, incompatibilidades o "lo que tienen que representar", pero "sin sectarismos". Además, ha retado al resto de grupos a trabajar para conseguir el apoyo del 80 por ciento de la Cámara, como ocurrió en 2002, cuando se aprobó esta ley.
Ha criticado que si los exmandatarios no pueden trabajar en lo privado, porque se trata de "puertas giratorias" ni en lo público, porque "lo han recolocado", entonces "para qué sirve". "Pues que se muera, ya no podemos hacer nada con él. ¿Eso es lógico?", se ha preguntado Zaplana, que ha apostado porque estos puedan seguir "aportando su grano de arena" a la Comunidad con su experiencia y conocimientos.
Así, ha abogado por "aprovechar la oportunidad y hablar del trabajo que tienen que hacer" y ha indicado que es "una pena" que una de las primeras proposiciones que Podemos lleva al pleno sea para "hablar sobre el futuro de cinco personas y no sobre cinco millones de personas".
