El rector de la Universidad Jaume I, Vicent Climent, termina este miércoles su mandato rotatorio como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, en el que ha logrado firmar un acuerdo de financiación con la Generalitat.
¿Las cinco universidades públicas valencianas empezaron a estar infrafinanciadas en 2004 y la deuda de la Generalitat llegó a casi 1.000 millones. ¿Qué supuso esta situación?
Es cierto, el problema de la infrafinanciación no es de ahora, de las vacas flacas, porque cuando había dinero tampoco se ofreció a las fábricas del conocimiento, sino que se prefirió no invertirlo, sino gastarlo en algunos fastos y eventos. Llevamos una década sufriendo los efectos de esta infrafinanciación, que nos ha limitado enormemente, tanto a la hora de crecer en infraestructuras como, sobre todo, en el desarrollo de proyectos de I+D+i y en la mejora de posiciones en los rankings de excelencia docente. Nos exigen que mejoremos en los rankings pero no nos financian como lo están las universidades que ocupan los primeros lugares.
Acaban de firmar un nuevo pacto para recibir el pago a plazos. ¿Confían en que se cumpla?
El acuerdo para la liquidación parcial de la deuda de la Generalitat con las universidades públicas creemos que es un buen acuerdo y confiamos en su cumplimiento, en parte porque se han pactado unas fórmulas, como la asunción de compromisos financieros o la financiación de infraestructuras en unos plazos determinados, que entendemos que son posibles y realistas. Aunque, por supuesto, continúa dependiendo del compromiso, es decir de la palabra dada por la Generalitat.
Han pedido que no se autorizaran nuevos grados de Medicina a centros privados, a pesar de la demanda. ¿Por qué?
La oferta educativa ha de mantener un equilibrio entre la demanda de los estudiantes y la demanda del mercado laboral. No podemos estar formando a cientos de médicos sin garantías para su inserción profesional posterior. Con tres facultades públicas, tener otras tres privadas en un territorio como la Comunidad Valenciana nos parece exagerado. Hay que tener en cuenta que esta formación exige un nivel de práctica muy elevado que se ha de desarrollar en gran parte en centros sanitarios públicos, que no pueden acoger tantos estudiantes con un mínimo de garantías de calidad.
¿Hay demasiadas universidades en España?
En comparación con otros países de nuestro entorno, no. Si hablamos de universidades públicas, que en la actualidad son 50, no creo que sean demasiadas. En todo caso, el problema tal vez se encuentra en el número de universidades privadas, que ha crecido de manera excesiva en los últimos años, en ocasiones sin tener una trayectoria docente e investigadora que les avalara. Muchas veces el problema no es de cantidad, sino de calidad.
¿Cuál es la reforma más urgente de la universidad pública?
En primer lugar, la financiación. No puede hablarse de autonomía universitaria si no contamos con autonomía financiera o con una financiación que permita un grado razonable de autonomía. Las universidades públicas estamos infrafinanciadas, con graves problemas diarios de tesorería y de inversión en los campus. Si un país quiere prosperar tiene que invertir con ambición en sus universidades públicas, y eso no se está haciendo en España. Sin dinero no hay investigación, sin investigación no hay generación de nuevo conocimiento y sin éste no hay docencia de calidad. Junto a la financiación, las universidades han de dotarse de mecanismos de autogobierno eficaz y real. Estamos constreñidos por la legislación nacional y autonómica, que cambia además en repetidas ocasiones en una misma legislatura. También estamos constreñidos por unos sistemas internos que son falsamente democráticos y muy poco ágiles. Tenemos que diseñar un autogobierno de las universidades que nos dé autonomía real, con rendición, por supuesto, de cuentas a la sociedad, pero con capacidad efectiva de decisión y de acción.
¿Hay algún sistema universitario que le resulte atractivo?
Las universidades anglosajonas siguen siendo, en general, el modelo de referencia, especialmente en los dos aspectos críticos que antes le he mencionado, el de la financiación y el del autogobierno. Pero tampoco podemos hacer un calco del modelo, ya que las sociedades anglosajonas difieren bastante política, económica y culturalmente de la nuestra. Por otro lado, nuestro sistema educativo, por lo que se refiere a la docencia, se ha nutrido durante mucho tiempo del sistema enciclopedista francés, y las universidades francesas son, particularmente en lo referente a los ámbitos tecnológicos y en algunos ámbitos de las humanidades, potentes. Existen, por tanto, otros modelos de los que podemos importar buenas prácticas, pero debemos trabajar nuestro propio sistema en función de nuestra idiosincrasia.
Últimamente se ha hablado mucho de endogamia en la universidad pública. ¿Qué opina?
Si se entiende por endogamia que se incorpora no a los mejores candidatos desde el punto de vista intelectual, curricular y de idoneidad a la función a realizar en la plaza objeto del concurso u oposición, sino que se selecciona a aquellos que mantienen lazos de relación personal, afectiva o familiar con quienes realizan la selección, como práctica es un suicidio para cualquier organización, y en particular para la universitaria, y debe combatirse previniéndola y, en su caso, denunciándola cuando exista. Pero si, como consecuencia de la rigidez administrativa del sistema universitario español, las universidades no tienen autonomía para ofrecer plazas mejor dotadas económicamente, difícilmente podremos lograr la atracción del mejor talento. ¿Quién va a desear trasladarse de una universidad a otra si no existe un incentivo económico sustancial que lo motive? Las universidades españolas, al igual que un equipo de futbol modesto, en el sentido de presupuesto económico, dado que nos ha sido muy difícil poder contratar, hemos trabajado, como coloquialmente se suele decir, la cantera.
¿Deberían ponerse límites a la contratación de profesores salidos del mismo centro?
Sería bueno que hubiera más candidatos para atraer el mejor talento, esté donde esté, pero la solución no es poner límites a la contratación de profesores en función de su procedencia, sino dar a las universidades mecanismos financieros y legales para atraer y mantener ese talento externo.
