Feria Valencia aprobó este martes transformarse en empresa pública con la forma jurídica de "consorcio autonómico" dependiente de la Generalitat, como primer paso para evitar la quiebra de la institución.
La Administración autonómica viene pagando la deuda de la institución ferial desde 2009 mientras sus gestores, nombrados a dedo por la Generalitat y el Ayuntamiento, se han negado reiteradamente a que la institución ferial fuera fiscalizada porque, aseguraban, era una entidad privada.
Tras la transformación de la hasta ahora asociación de utilidad pública, el consorcio identificará la actividad comercial y buscará un socio privado para que gestione la feria, probablemente a través de una empresa mixta con mayoría de capital privado.
El socio lo buscará mediante diálogo competitivo para atraer a un "operador internacional de ferias", según explicó el presidente del comité ejecutivo de la Feria, José Vicente González, que espera cerrar el proceso antes del próximo 31 de julio.
La empresa mixta nacerá libre de cargas, ya que la deuda de la institución ferial se quedará en el consorcio, que cobrará un canon a la firma privada por el uso de las instalaciones.
Según la presidenta del Patronato y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en el cambio a consorcio autonómico se preservan los derechos patrimoniales del Ayuntamiento de Valencia, de manera que la propiedad del suelo y el edificio ferial revertirán a la ciudad cuando finalice la cocesión, a mediados de siglo.
Rechaza ser fiscalizada
Tanto González como Barberá, reiteraron que la institución era hasta ahora privada, por lo que rechazaron cualquier sospecha sobre la etapa anterior, que está siendo investigada por la Fiscalía debido a un informe de la Intervención de la Generalitat sobre los sobrecostes en las obras de ampliación.
González mostró una carta -de la que se negó a entregar copia a los medios- en la que el Interventor General de la Generalitat señala la "primacía" del dictamen del Consell Jurídic Consultiu que afirmó el carácter privado de Feria Valencia, en contra de la opinión de la propia Intervención, el Banco de España, la Sindicatura de Comptes y varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La carta ha sido enviada a la Fiscalía ya que, según Barberá, "rectifica" el anterior informe, en el que considera que el interventor delegado se "extralimitó" porque "la Intervención de la Generalitat no tiene capacidad alguna para auditar la Feria".
Primeras cuentas públicas
González anunció que, "en aras de la transparencia", Feria Valencia depositará sus cuentas de 2013 en el Registro Mercantil. Es la primera vez desde 1917.
También anunció que las enviará a la Sindicatura de Comptes, que las consiguió por otro lado -probablemente, de la Generalitat-, según desvela en su informe de 2013.
Según el presidente ejecutivo, las cuentas hasta ahora se depositaban en la Conselleria de Economía porque no había obligación de llevarlas al Registro Mercantil hasta las de 2014. "Nos hemos adelantado un año", afirmó.
La Sindicatura de Comptes insta a intervenir Feria Valencia
