El Gobierno valenciano no considera necesario tomar el control económico de Feria Valencia, a pesar de haber constatado que la institución ferial ha incurrido en "un total de diez incumplimientos" del convenio por el que le presta asistencia financiera, "entre los que destacan los relativos a las proyecciones financieras, la dotación a la cuenta de reserva, atender los pagos de vencimientos de las operaciones de financiación y mantener aseguradas las inversiones que han sido financiadas".
Así lo afirmó el pasado 28 de noviembre la Conselleria de Economía en una respuesta a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat, que le pidió explicaciones sobre por qué no toma las medidas previstas en el propio convenio.
El convenio establece que, ante los incumplimientos por parte de la institución, "la Generalitat podrá designar un representante en el Patronato y en el comité ejecutivo de Feria Valencia sin cuya aprobación no pueda adoptarse ningún acuerdo o decisión", así como solicitar el cambio de los miembros de la comisión mixta de seguimiento que representan a Feria Valencia.
Esta comisión mixta debería reunirse trimestralmente desde el primer convenio, en 2002, pero sólo se ha reunido dos veces, una en 2012 y otra el pasado 11 de julio, que es cuando constató las irregularidades.
La Generalitat se escuda en que la intervención "tiene carácter potestativo" y alega que ha nombrado una "comisión de reactivación" de la Feria, formada por el Instituto Valenciano de Finanzas, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat.
El enfado de Rita Barberá
Una comisión que ha estado paralizada más de dos meses debido al enfado de la alcaldesa y presidenta del Patronato, Rita Barberá, por un informe de la Intervención General (Conselleria de Hacienda) que denuncia sobrecostes del 86 por ciento en las obras de ampliación e irregularidades en la etapa de Alberto Catalá (1999-2013) que podrían llegar a costar 1.027 millones de euros a la Generalitat como avalista de su deuda.
El informe llegó a la Fiscalía, que ha abierto una investigación. Catalá, protegido de Rita Barberá, dimitió en octubre de 2013 y fue sustituido por el presidente de la patronal valenciana Cierval, José Vicente González.
La Generalitat pagó 30,4 millones en 2013 de capital e intereses de la Feria, cuya deuda actual asciende a 538 millones.
La Feria se niega a rendir cuentas
Feria Valencia está en la lista negra de la Sindicatura por negarse desde hace años a ser fiscalizada -sus cuentas ni siquiera son públicas-, con la excusa de que es una institución privada.
Esgrime un informe del Consell Jurídic Consultiu -órgano consultivo- que contradice el carácter público que le otorgan el Banco de España, el TSJ valenciano en varias sentencias, la Intervención General y la Sindicatura.
La Feria vuelve a negarse a ser fiscalizada
