La Sindicatura de Comptes valenciana cuestiona la manera en la que el Gobierno de Alberto Fabra ha llevado a cabo la regularización de algunas de las conocidas como facturas en el cajón.
El informe sobre las cuentas de la Generalitat de 2013, entregado este lunes a las Corts y al presidente Fabra, muestra que el Ejecutivo ha acabado con la práctica de los Gobiernos anteriores de esconder facturas para no elevar el déficit y relata cómo las facturas no contabilizadas de ejercicios anteriores han ido aflorando gracias a los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Gobierno central.
Sin embargo, señala que "no ha sido posible identificar las obligaciones derivadas de gastos realizados en ejercicios anteriores que han sido imputadas al presupuesto de 2013, salvo las de la Conselleria de Sanidad, que han sido calculadas en un importe de, al menos, 820,3 millones de euros".
El informe también destaca que el año pasado quedaron pendientes de reconocer obligaciones por gastos realizados en el ejercicio 2013 y anteriores por importe de 2.494 millones, que se han contabilizado en la cuenta 409. Esta es la forma legal de reconocer gastos que no se pueden pagar, al contrario de lo que se hacía antes, que no se incluían en ninguna cuenta. No obstante, la cifra, sobre un presupuesto de 13.000 millones, revela las dificultades de la Generalitat para cumplir sus obligaciones de pago.
Respecto a la regularización de facturas en el cajón, el informe del Síndic afirma que "se pone de manifiesto la falta de un procedimiento formalizado y común para todas las consellerias sobre la tramitación de los expedientes de resarcimiento y la imputación contable presupuestaria de los gastos".
Por eso, recomienda, como ya hizo sin éxito hace un año, que se apruebe "una regulación normativa completa sobre la tramitación administrativa de las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores, tanto las debidamente adquiridas como las que carezcan de dicho requisito".
El controlador de las cuentas de la Generalitat revela que en 2013 quedaron pendientes de aplicar a presupuesto 1.099 millones correspondientes a gastos sanitarios y 95,8 millones por las facturas de farmacia del mes de diciembre de 2013. Entre las dificultades con las que se encontró Hacienda destaca el pago de 15 mensualidades de farmacia, las últimas cuatro de 2012 y todo 2013 excepto diciembre.
Descontrol en la caja fija
Otro aspecto que critica la Sindicatura de Cuentas es la falta de control de los gastos de caja fija -los que no tienen fiscalización previa, como pequeñas compras urgentes, taxis y comidas- de la Generalitat. La supervisión posterior no es tan estricta como exige la ley ni como presumió el Ejecutivo de Fabra después de los últimos escándalos.
Así, según la ley, los gastos son autorizados a posteriori por dos personas, un alto cargo y un cuentadante, pero, según el informe, en la Conselleria de Presidencia y de Agricultura, que dirige el vicepresidente, José Císcar, "el mismo órgano que actúa como cuentadante (el subsecretario) se encarga a su vez de aprobar la cuenta justificativa, por lo que no existe la debida segregación de funciones".
Lo sorprendente es que, en sus alegaciones, la Generalitat reconoce que "en la práctica, en las consellerias no es inhabitual que la subsecretarías gestionen como cuentadante más de una caja fija", además de prometer modificar esta práctica en 2015.
Para el examen de la caja fija, la Sindicatura coge una muestra al azar de 25 recibos de esa consejería y de la de Economía y observa que en 14 de ellos no consta la aprobación del gasto y en cinco no hay evidencia de que la factura haya sido comprobada.
Además, señala "operaciones de entregas en metálico con el carácter de gastos a justificar, lo que no está permitido". Por otro lado, "no queda constancia expresa en todas las facturas o tickets, del motivo de la sesión de trabajo y del número de asistentes en los casos de gastos de restauración, o de los motivos concretos en otros tipos de gastos".
Por último, en algunas facturas/justificantes no existe una correcta imputación contable al ejercicio corriente por corresponder a ejercicios anteriores.
Cambiar la normativa que puso Zaplana
El organismo de dirige Rafael Vicente Queralt pide una revisión de la normativa de la caja fija, que data de un decreto de 1998 firmado por Eduardo Zaplana y su entonces consejero de Hacienda, José Luis Olivas, quienes establecieron el límite más alto de España, el 12 por ciento del presupuesto anual de gasto corriente, frente al 7 por ciento estatal.
A pesar de estos tirones de oreja, el informe de la Sindicatura contiene menos reconvenciones que en años anteriores. Además de no quedar facturas en el cajón, el organismo de control reconoce que Hacienda ha regularizado algunas situaciones denunciadas en anteriores informes, aunque en otras, como la contabilidad de la empresa Ciegsa, mantienen sus discrepancias.
La Generalitat borra ingresos 'fantasma'
La Conselleria de Hacienda anuló y canceló en 2013 supuestos derechos de cobro de ejercicios anteriores por un total de 425 millones de euros, incluyendo 270 millones que figuraban como "derechos definidos", que la Sindicatura había solicitado anular desde su origen.
Los derechos de cobro irreales eran otro truco contable que la Generalitat usó en el pasado para hinchar los ingresos.
El conseller Moragues saca pecho tras el informe
