El arquitecto Santiago Calatrava señaló este martes a Francisco Camps y Alberto Fabra como responsables del aumento de dimensión y coste del proyecto de Centro de Convenciones de Castellón en 2008, proyecto por el que cobró 2,7 millones de euros de la Generalitat y por el que este martes prestó declaración como imputado en un juzgado de Castellón.
Así lo sostiene en un comunicado del Estudio de Arquitectura de Santiago Calatrava, distribuido después de su declaración, en el que defiende que el arquitecto cumplió "cada una de las fases establecidas en el contrato" y señaló que la obra no se ejecutó "por cuestiones devenidas de la situación económica nacional".
Según el relato de los hechos que hace el despacho, la empresa de Santiago Calatrava firmó en diciembre de 2007 un contrato con la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), dependiente de la Generalitat, para preparar el Master Plan de urbanización del ámbito de la parcela asignada por la Sociedad para la construcción del Centro de Convenciones, con el anteproyecto, el proyecto básico y el proyecto de ejecución, así como, posteriormente, la dirección de la obra.
El programa aprobado "consistía en el diseño de un centro de convenciones sobre una superficie de 16.980 metros cuadrados, según la documentación de SPTCV", afirma el despacho, que añade que "fue sobre este planteamiento inicial sobre el que se estimó un presupuesto orientativo de 60 millones de euros".
Sin embargo, el 5 y el 16 de mayo de 2008, el Ayuntamiento de Castellón, regido entonces por el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, remitió al despacho dos nuevos programas en superficies de 62.120 y 48.240 metros cuadrados, respectivamente.
Aunque la obra la había encargado SPTCV (Generalitat) y no el Ayuntamiento, Calatrava sostiene que la empresa pública hizo suyas las diferentes programaciones, que recogió en "una tabla con los diferentes programas de necesidades", y añade: "Se deja para más adelante determinar cuál será el programa de necesidades más adecuado para la elaboración del proyecto final, y deja claro que hay una solicitud de ampliar el proyecto por parte tanto del Ayuntamiento como de SPTCV"
Según Calatrava, no fue hasta diciembre de 2008 que SPTCV planteó la necesidad de ajustar el coste del proyecto al presupuesto inicial, 60 millones. El comunicado del despacho no hace referencia a los burofaxes cruzados entre la empresa pública y el arquitecto durante meses, hasta que los reponsables de SPTCV que se negaban a pagar fueron destituidos y sus sustitutos pagaron a Calatrava.
Intervención de Camps
Según el despacho, el arquitecto propuso ejecutar un centro de convenciones en tres fases por un importe total de 180 millones, aunque la primera fase se ajustaría al presupuesto inicial de 60 millones y sería "una unidad funcional en sí misma".
En su declaración ante el juez, Calatrava afirmó que Francisco Camps le garantizó que se llevaría a cabo el proyecto en tres fases, según el diputado Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular. SPTCV no puso más objeciones al proyecto y pagó a finales de 2009 los 1,3 millones que debía al arquitecto, de los 2,7 millones pactados.
El juez que instruye esta causa no acordó ninguna diligencia tras la declaración de Calatrava, que duró algo más de una hora. El magistrado investiga las supuestas irregularidades en los contratos sobre el citado centro, por cuyo proyecto el arquitecto recibió 2,7 millones a pesar de que la Generalitat dio por no cumplido el contrato.
En su declaración, Calatrava respondió a las preguntas del fiscal, del juez y de su defensa, pero no a las de la acusación popular, que ejerce Esquerra Unida.
Santiago Calatrava imputado
