El Tribunal Constitucional ha admitido este miércoles el recurso del ejecutivo central contra el artículo de la Ley de Medidas Fiscales de la Generalitat valenciana de diciembre de 2013 que prevé un impuesto sobre los depósitos bancarios y ha suspendido provisionalmente la entrada en vigor de dicho precepto.
La Generalitat, que contabilizó 67 millones en la primera liquidación del impuesto, en abril -lo que no quiere decir que los ingresase, porque algunos bancos pidieron un aplazamiento-, debía ingresar unos 130 en la seguna autoliquidación de las entidades, que tenía como fecha límite el 20 de octubre.
Fuentes de las entidades financieras consultadas por elEconomista aseguran que no han ingresado el dinero, dado que se se preveía la suspensión por parte del Constitucional, y que lo que han hecho ha sido prestar un aval para asegurar a la Generalitat el cobro en caso de que acabara validándose el gravamen.
El pleno del Constitucional ha suspendido a petición del Gobierno el artículo 161 de la Ley de la Generalitat Valenciana de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat.
El recurso del ejecutivo central se basa en que los tributos de las comunidades autónomas no pueden recaer sobre actos sometidos a gravámenes estatales.
La suspensión que se mantendrá por cinco meses, en tanto no se tome una decisión sobre el fondo de la cuestión.
La ley recurrida introduce un nuevo impuesto propio y directo que grava los depósitos captados por las entidades de crédito en la Comunidad Valenciana, medida con la cual la Generalitat prevía recaudar 230 millones de euros en 2014. Sin embargo, la recaudación del primer trimestre, 67 millones, hacía pensar que en los restantes nueve meses podía recibir unos 200 millones más.
También admite el recurso del Consell
Al mismo tiempo, el Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por la Comunitat Valenciana en contra del real decreto ley 8/2014, conocido como 'decreto ómnibus', que regula el impuesto estatal sobre depósitos bancarios.
El Consell alega que el Gobierno central, cuando reguló esta materia en 2013 le dio un gravamen del cero por ciento y eso "no es un impuesto" y "no tiene sentido". Además, argumentaba que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo hizo mediante un Decreto Ley, que se utiliza para casos de urgencia y, en este punto, el Gobierno de Alberto Fabra aduce que no existe dicha urgencia.
La Generalitat deja de ingresar unos 200 millones
