La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una demanda de la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia contra la venta de esta entidad a Caixabank, aprobada por el Frob el 27 de noviembre de 2012 y consumada tres meses despues.
La demanda fue presentada hace más de un año, pero la negativa del Frob a aportar el expediente a la Audiencia Nacional hizo que el escrito definitivo no se presentase hasta el pasado 6 de octubre, según la abogada de esta asociación de antiguos accionistas, Begoña Salcedo.
La Audiencia Nacional ha instado durante meses al Frob a enviar toda la documentación que exigían los demandantes, hasta que el pasado mes de julio el letrado de la Abogacía del Estado pidió que no se siguiera intentando completar el expediente y los jueces dieron por concluido este trámite.
Precisamente, la falta de un "expediente administrativo completo" foliado y autentificado es el primer argumento de la Plataforma para solicitar la nulidad de la venta. "Resulta más que evidente que lo que ha enviado el Frob al juzgado no es un verdadero expediente administrativo sino una relación de documentos que en gran parte no llevan fecha y que, en caso de llevarla, no siguen un correlato temporal", se afirma en el escrito consultado por elEconomista.
La valoración fue posterior a la venta
El segundo argumento es que el Frob no siguió el procedimiento legal, según los demandantes, ya que no existió el preceptivo informe previo de la Generalitat sobre la operación.
Más grave parece otra omisión en el procedimiento, la del preceptivo "informe de valoración" para decidir el precio de venta. El Frob aprobó ese informe de valoración el 14 de diciembre de 2012, 17 días después de aprobar la venta por 1 euro, y estaba fundamentado en tres valoraciones -Société Générale, BDO y Lazard-, la primera del mismo día que se aprobó la venta y las otros dos de fecha posterior. La propia entidad pública reconoció esta irregularidad en su comunicación de la operación al Banco de España.
Una tercera irregularidad fue la falta de aprobación previa de una "memoria económica" con el detalle del impacto financiero de la operación por parte de los ministerios de Hacienda y Economía, a cuya consideración se debía elevar por parte del Frob para que pudieran oponerse en el plazo de cinco días.
Esta memoria también se aprobó con posterioridad. Los demandantes llaman la atención sobre el hecho de que pese a que el informe de valoración y la memoria son posteriores a la venta, "en nada alteran estos documentos el acuerdo inicial".
Prisas no justificadas
Las prisas del Frob por proceder a la venta del banco valenciano hicieron pensar a la Plataforma que se había seguido el procedimiento abreviado previsto en el artículo 26.7 de la Ley 9/12, que permite saltarse algunos procedimientos, pero el propio Frob admitió que esto no fue así y que se siguió el procedimiento ordinario del artículo 26.6.
Los demandantes rechazan los argumentos del Frob, expresados en un escrito de contestación ante la Audiencia Nacional, según los cuales la "celeridad" se debió a que el llamado Memorandum of Understanding (MoU) -Memorando de Entendimiento entre España y las autoridades europeas para rescatar la banca- había establecido como límite para "cerrar la transacción" finales de noviembre.
La Plataforma de Afectados sostiene que el MoU puso ese límite para aprobar los planes de resolución o reestructuración de las entidades del Grupo 1, que eran Catalunya Bank, el gallego NGC Banco y Banco de Valencia, no para que se vendiesen. De hecho, los otros dos no se vendieron hasta mucho después.
9.000 millones de coste para el Estado
La Plataforma recuerda que el pacto de venta por 1 euro incluía una aportación previa del Frob a Banco Valencia de 4.500 millones de euros -1.000 más que lo que las pruebas de resistencia de septiembre decían que necesitaba- y un esquema de protección de activos (EPA) que cubre durante 10 años el 72,5 por ciento de las pérdidas de un conjunto de activos valorado en 6.000 millones.
Los autores de la demanda cifran en unos 9.000 millones el coste para el Estado de la venta, al sumar los 5.800 reconocidos por el Frob (incluida una estimación de la EPA a 10 años); 1.000 millones adicionales de la EPA (según prevé Caixabank en su memoria anual de 2013); una reclamación de la entidad catalana al Frob de 180 millones por los traspasos de activos a la Sareb, y "2.200 millones" en créditos fiscales del Banco de Valencia que Caixabank ya aprovechó (en realidad, fueron 1.959) en su cierre de 2013 para pagar menos impuestos y evitar las pérdidas.
En este sentido, denuncian un incumplimiento de la normativa comunitaria, ya que entiende que la operación debió tramitarse ante Bruselas como ayuda pública a Caixabank y no se hizo.
La Plataforma también compara el coste estimado en 9.000 millones con los 6.340 que habría costado la liquidación, según cálculos del Frob, y asegura que aún había una tercera opción más barata, que era que el Frob inyectara dinero en el Banco de Valencia para que siguiera funcionando como banco público.
Califica la venta de "regalo" a Caixabank
Sobre la subasta de la entidad, acusa al Frob de "regalarla" a Caixabank, ya que, asegura, Nomura y el Frob invitaron a Bankinter y BBVA a abandonar la puja, según demuestran varios correos electrónicos que se aportan junto a la demanda.
La Plataforma sostiene que las ofertas de ambas entidades eran similares a la de Caixabank y que a esta entidad se le permitió cambiar su oferta dos veces durante los pocos días que duró la subasta.
El escrito denuncia también un supuesto conflicto de intereses del presidente de Caixabank, Isidro Fainé, por ser miembro en 2012 del consejo rector del Frob. No obstante, Fainé y el resto de banqueros presentes en ese consejo cesaron el 31 de agosto de ese año, tres meses antes de la venta, a instancias del Ministerio de Economía, precisamente para evitar conflictos de intereses.
Turno para la Abogacía del Estado
La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, presidida por Santiago Pablo Soldevilla, admitió a trámite la demanda el pasado 8 de octubre y dio traslado al Abogado del Estado para que en el plazo de 20 días la conteste y aporte la documentación que considere necesaria.
El Frob entrega el Banco de Valencia a Caixabank
