Los gastos de caja fija -los que hace la Administración sin justificación previa por motivos de agilidad- están suponiendo un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno valenciano, que anunció este viernes que recurrirá ante el Tribunal Supremo la la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que le obliga a entregar al Grupo Compromís las facturas de gastos pagados con la caja fija del Gobierno valenciano desde al año 2006.
La caja fija, que existe en todas las administraciones, se presta a irregularidades por su falta de control antes del gasto. Por ello, la normativa estatal fija un límite anual para cada departamento del 7 por ciento del presupuesto de gasto corriente (capítulo II). Este límite rige para la Administración del Estado, los ayuntamientos y aquellas comunidades que no hayan legislado al respecto.
La valenciana lo hizo en 1998 y al entonces presidente, Eduardo Zaplana, le debió parecer muy poco el 7 por ciento, ya que puso el límite en el 12 por ciento, según consta en una orden firmada el 17 de abril de ese año por el entonces conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Luis Olivas.
El límite excede con mucho el de la Administración Central y es probablemente el más alto del Estado. Algunas comunidades mantuvieron el 7 por ciento, como Castilla y León, Aragón, Madrid, Canarias o La Rioja, mientras otras lo elevaron al 10 por ciento, como Andalucía, Galicia, Cantabria y Murcia.
Esto supone más de 150 millones de euros anuales. En 2006, primer año de los que Compromís solicita las facturas, el límite eran 169 millones y se gastaron 165,6 a través de 288 cuentas habilitadas para utilizar este sistema, según la Sindicatura de Comptes.
El Síndic constata en sus informes anuales numerosas deficiencias en la utilización de la caja fija, tales como pagos en Sanidad que no deberían utilizar este sistema, la no comprobación de la recepción de productos o servicios que se han pagado, la falta de autorización y conformidad del cuentadante o pagos fuera de plazo.
Gastos polémicos
El uso de la caja fija ha dado lugar a polémicas como los gastos de una noche de hotel de cinco estrellas, un 1 de enero, de una alto cargo de la Generalitat o los 6.000 euros en gastos personales del exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) José Manuel Uncio, que devolvió el impote. Tras este escándalo, en 2012, Alberto Fabra retiró las tarjetas a los altos cargos. Sin embargo, mantuvo el límite en el 12 por ciento, como su predecesor, Francisco Camps.
El pasado mes de enero, los gastos de alimentación por más de 3.000 firmados por la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Esther Pastor, volvieron a situar el foco de la polémica sobre la caja fija y motivaron la petición de Compromís.
La diputada de esta coalición Mònica Oltra comparó el pasado jueves esta forma de gasto de la Administración con las tarjetas de la cúpula de Cajamadrid y Bankia, al afirmar que "en la Generalitat las tarjetas black se llaman caja fija". El vicepresidente del Consell, José Císcar, le respondió que ya no existen en la Generalitat "tarjetas de ningún color".
Así se regula la caja fija
La caja fija, que se considera un sistema de provisión de fondos de carácter extrapresupuestario, existe en todas las administraciones y en el caso de la Generalitat valenciana se debe utilizar para pagar únicamente "gastos de carácter periódico o repetitivo, de tracto sucesivo, en particular los referentes a dietas, gastos de locomoción, material, conservación y mantenimiento, o cualquier otro gasto de similares características", según el decreto que la regula.
Además de fijar el límite en el "12 por ciento de los créditos consignados en el/los correspondientes capítulo/s de gasto del proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat", el decreto 24/1998 establece que cada factura no podrá superar los 2 millones de pesetas (12.000 euros) -en otras comunidades son 3.000 euros- ni podrá fraccionarse un único gasto para evitar este límite.
El recurso del Consell
Respecto al recurso contra la sentencia del TSJCV, Català explicó que recurrirán "principalmente" porque tel Consell tiene el apoyo del Ministerio Fiscal, que en su informe consideraba que "no se ha producido una vulneración de derechos fundamentales".
Otro de los motivos es que "supondría destinar cuatro funcionarios de la Generalitat a tiempo completo durante todo un año" para "escanear, fotocopiar y entregar los 3 millones de facturas".
Según la consellera, "no habría problema en remitir el registro electrónico", pero la solicitud de Oltra "era de entregar todos los documentos desde 2006". Así, reiteró que cumplir lo que pide la diputada de Compromís "alteraría el ritmo normal de la Generalitat".
Preguntada por si la Generalitat no tendría inconveniente a que Oltra acudiera a las distintas consellerias para ver las facturas, si así lo pidiera, Català aseguró que "nunca" han tenido "ningún problema" a que los diputados acudan a consultar los documentos que les interesan.
Añadió que "el mismo grupo y la misma diputada" están pidiendo los gastos de caja fija de las distintas consellerias mes a mes "y se le está haciendo entrega".
El TSJCV insta al Consell a entregar todas las facturas de caja fija
