El Banco de España ha abierto de oficio un expediente sancionador a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR-CV) para dilucidar posibles responsabilidades administrativas en el hecho de haber incurrido en insuficiente cobertura de los recursos mínimos establecidos por ley durante los aproximadamente 20 meses, desde mediados de 2011 a julio de 2013, según han confirmado a elEconomista fuentes de la entidad avalista.
La actuación del supervisor se produce más de un año después de haberse resuelto la irregularidad detectada, que consiste en que durante el período investigado la cobertura se situó por debajo del 80 por ciento del mínimo establecido en el Real Decreto 2345/1996, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca.
La SGR-CV subsanó el incumplimiento con la operación de refinanciación que llevó a cabo en julio de 2013. El nuevo consejo de administración de la sociedad y los accionistas -entre ellos la Generalitat, que ha pagado el rescate- descartaron ejercer la acción social de responsabilidad contra los anteriores gestores, uno de los cuales, el dirigente patronal castellonense Rafael Montero, continúa en el consejo de administración.
Una de las causas principales de la quiebra de la que era la mayor SGR de España, con más de un 25 por ciento del total de riesgo vivo en avales, se produjo por su excesiva exposición al sector inmobiliario. Bajo la presidencia de José Roca -presidente de la patronal castellonense CEC- y la dirección de Juan Manuel García Puchol, la entidad se dedicó a avalar a promotores en pleno boom inmobiliario, cuando no había problema para encontrar financiación, y sufrió como los bancos y cajas locales la crisis del ladrillo.
Además, como publicó elEconomista en mayo de 2013, cuando ya había sido advertida por el Banco de España en 2011, la entidad aumentó los avales a los consejeros en pleno hundimiento mientras daba un severo recorte a los avales a empresas.
Medio centenar de afectados
La notificación del expediente llegó a partir del pasado viernes a SGR-CV y a casi medio centenar de personas que formaron parte del consejo de administración en algún momento de este período. El consejo tenía 38 asientos hasta 2012, año en el que se redujo a 18.
Entre ellos hay personajes importantes de la empresa y las finanzas valencianas, como Enrique Montes, secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat, que era consejero de SGR-CV desde 2011. Montes estaba en el consejo en representación de la Generalitat.
En el conjunto de expedientados hay que distinguir entre aquellos que entraron en el consejo en 2012 para ayudar a resolver el problema, como el actual consejero delegado, Santiago de Santos -algunos solo estuvieron cuatro meses, como los banqueros Joaquín Maldonado (Mediolanum) o Adolfo Porcar (ex de Bankia)-, y quienes estaban en 2011, cuando SGR-CV entró en una situación de grave insolvencia que tuvo que resolver primero la Generalitat y después, cuando se vio que el agujero era mayor del detectado inicialmente, una compleja operación de refinanciación también con aval de la Administración autonómica.
En este grupo de antiguos consejeros, que tendrían una responsabilidad mayor, están, además de Montes, el actual secretario general de la patronal autonómica Cierval, Javier López Mora; los también dirigentes patronales Salvador Navarro (Cepyme Alicante), Isabel Cosme (Cecoval) y Vicente Lafuente (Femeval), y el expresidente de la Federación Valenciana de la Construcción (Fevec) Juan Eloy Durá.
El expediente del Banco de España podría conllevar para la sociedad una multa económica y para los consejeros desde una multa económica a la inhabilitación para pertenecer a consejos de administración de otras entidades financieras.
"Se vio abocada"
Según explicaron este martes fuentes de SGR-CV, la entidad "se vio abocada" a esta situación de insolvencia "por el largo proceso de refinanciación que tuvo que salvar, siempre supeditado al análisis previo y a la aprobación de los principales organismos reguladores competentes, tanto autonómicos como nacionales y europeos".
Actualmente, SGR-CV cuenta con un plan de negocio viable gracias a la operación de refinanciación que se materializó en el acuerdo marco de reestructuración con un pool de más de 30 entidades bancarias con el aval de la Generalitat. Esta operación, considerada como ayuda de estado compatible por la Comisión Europea, supuso el respaldo de las autoridades europeas al plan de negocio y de reestructuración que la sociedad ha llevado a cabo desde junio de 2012.
La SGR-CV vuelve a dar avales
