La Comunidad Valenciana dejará de ingresar hasta final de año unos 200 millones de euros por el impuesto autonómico a los depósitos bancarios, después de que el Gobierno decidiera el pasado viernes recurrir ante el Tribunal Constitucional este gravamen que entró en vigor el pasado 1 de enero.
El Gobierno recurre después de haber negociado sin éxito desde junio una solución en la comisión bilateral creada al efecto. La admisión a trámite provocará la suspensión inmediata de la vigencia del impuesto.
La Generalitat obtuvo algo más de 67 millones en la primera liquidación, el 20 de abril, aunque algunas entidades prestaron avales en lugar de ingresar el dinero, previendo que el Gobierno forzaría la suspensión.
La segunda liquidación estaba fijada para el 20 de octubre, y la tercera, el 20 de diciembre. Con los mismos depósitos del primer trimestre, habrían sido de 134 y 67 millones, respectivamente.
Este año presupuestó un ingreso de 230 millones, pero con el impuesto estatal del 0,03 por ciento calcula que le corresponderán 30 millones. El Ejecutivo de Alberto Fabra estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la subida del impuesto estatal al 0,03 por ciento, aprobada en junio con efectos retroactivos al 1 de enero.
"Fraude de ley" de Montoro
Su argumento es que el impuesto valenciano es anterior al estatal, ya que el tipo del 0 por ciento que fijó Montoro en 2013 se puede considerar "un fraude de ley" por no tener finalidad recaudatoria. Valencia pide una compensación por la totalidad de los ingresos previstos, como Andalucía, Extremadura y Canarias, que sí legislaron antes de 2013.
Asturias y Cataluña crearon sus impuestos al mismo tiempo que el Gobierno, que los recurrió. El de Asturias está paralizado y el Principado ha recurrido también el estatal, mientras Cataluña logró que se levantara la suspensión y empezará a cobrarlo este octubre.
Montoro pidió que se eliminara el impuesto
