El juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ha citado a declarar este jueves, en calidad de imputado, al secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Conselleria de Hacienda, Eusebio Monzó, en una causa abierta por presuntas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones que el arquitecto Santiago Calatrava proyectó en Castellón, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Monzó era director de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) a principios de 2009, momento en el que se produjeron los hechos que se investigan, en concreto, el pago de 2,7 millones de euros a Calatrava por un proyecto de Centro de Convenciones que no se ajustaba al encargo realizado por SPTCV.
El pago, desvelado por la Sindicatura de Cuentas, se completó a finales de 2009, después de ser destituido Monzó, que se había negado a completar esa cantidad al considerar que el arquitecto no había cumplido el encargo, según descubrió Esquerra Unida en 2011. LOS 'TRAJES' A MEDIDA DE CALATRAVA
Precisamente, EUPV puso los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, pero el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, rechazó investigar los hechos al no considerarlos constitutivos de delito.
El juez ha citado para el mismo día, también como imputados, al entonces director técnico de SPTCV, Javier de Diego Calero, y a Fernando Benzo, interlocutor de Monzó y De Diego en el despacho de Caltrava.
La causa está abierta por supuestas irregularidades en contratos relacionados con el Centro de Convenciones de Castellón y entre los citados por el instructor "está el representante o delegado del estudio del arquitecto pero no el arquitecto Santiago Caltrava", subrayan las fuentes jurídicas.
El Centro de Convenciones de Castellón era un proyecto de Santiago Calatrava que estaba incluido en el PAI Mestrets de la capital de la Plana.
La Generalitat valenciana decidió "dejar en suspenso" su ejecución a causa de la crisis económica, según informó en 2012, a través de una respuesta parlamentaria, el Consell que, según detalló entonces, pagó a Calatrava 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico del centro.
La Fiscalía rechazó investigarlo
