La Generalitat valenciana tendrá que pagar un 25 por ciento más del precio de expropiación a antiguos propietarios de los terrenos donde se creó la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), en la pedanía de La Punta de la capital valenciana, junto al puerto.
Así lo establece una sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que estima un recurso de un grupo de propietarios -siete particulares y una empresa- contra la denegación de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que inadmitió las reclamaciones en orden al pago adicional del 25 por ciento de los justiprecios fijados en su día.
Los antiguos propietarios fundamentaron su reclamación en que el plan especial modificativo del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Valencia para el desarrollo de la zona de actividades logísticas, aprobado en diciembre de 1999, fue anulado por sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009, "por lo que las expropiaciones llevadas a cabo con su cobertura quedaron sin ella".
Cuando el Supremo anuló aquel acto, la ZAL ya estaba construida, por lo que no era posible la restitución de los bienes. La Generalitat intentó subsanar el error formal con la petición del informe que faltaba, pero el TSJCV volvió a anular el proyecto porque la nulidad dictada por el Supremo era "radical" y había que iniciarlo de nuevo con la normativa vigente en 2009, que era diferente a la de diez años antes.
En la nueva sentencia, la Sala concluye que "como la restitución de los bienes expropiados no es posible, como es notorio y, en cualquier caso, la propia administración demandada ha podido comprobarlo a lo largo de la vía administrativa, por ser ella la expropiante, lo único que cabe es la indemnización y ésta está configurada por reiterada jurisprudencia en el pago adicional del 25 por ciento de cada justiprecio".
Recurso de la Conselleria
El fallo cita una sentencia de 2012 "que resuelve un caso igual al presente", por lo que no será el único pago adicional que tendrá que afrontar la Generalitat, que en su día destinó más de 50 millones de euros a las expropiaciones.
La Conselleria ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, con lo que consigue retrasar el pago, pero es poco probable que el recurso salga adelante, ya que el único motivo por el que desestimó la solicitud era que se había presentado fuera de plazo, y el fallo del TSJCV es rotundo al afirmar que el plazo era de cuatro años.
Ocho años vacía
La Zona de Actividades Logísticas (ZAL), de 683.232 metros cuadrados junto al puerto, está terminada desde enero de 2006, con sus parcelas, sus viales, sus farolas y sus conexiones listas para acoger empresas. Y desde entonces está vacía.
La burocracia primero y la crisis después han impedido que desde que Sepes puso la última piedra las empresas hayan ocupado los casi 310.000 metros cuadrados de parcelas y los 31.500 de instalaciones de servicios.
El obstáculo para abrirlo inmediatamente fue administrativo y costó casi cinco años desbloquearlo. El problema surgió cuando las obras de la ZAL estaban acabadas y se procedió a la reparcelación. Se detectó que había 30.000 metros cuadrados expropiados cuyo titular era la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), es decir, que tenían naturaleza de dominio público y, por tanto, no se podían expropiar.
A este problema se añadió la pugna entre la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y Sepes por comercializar las parcelas. Si bien en el año 2000 la APV encargó a Sepes la construcción -93 millones de euros de inversión- y comercialización de la ZAL, más tarde cambió de opinión y pidió encargarse de la gestión a través de su filial VPI Logística
Finalmente, llegaron a un acuerdo en 2007 por el que Sepes concedió a VPI una opción de compra. Sin embargo, cuando fue a materializarse la adquisición, los precios del suelo industrial comenzaron a caer y el pactado en la ZAL empezó a resultar demasiado caro. VPI retrasó la compra hasta que en enero de 2011 adquirió 10 hectáreas -la APV le inyectó 51 millones para afrontar la operación- y mantuvo la opción de compra sobre el resto.
Ocho años y cinco meses después de terminarse la ZAL, la que se describió como una plataforma logística imprescindible para la competitividad del puerto de Valencia continúa vacía.
