El juzgado de primera instancia número 20 de Valencia ha ordenado ejecutar el aval concedido en 2009 por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) a la Fundación VCF, para obtener un préstamo de Bankia -entonces Bancaja- con el que acudió a la ampliación de capital del Valencia y se convirtió en el máximo accionista, y requerir a este organismo, dependiente de la Generalitat, "para que pague a Bankia o se proceda al embargo de bienes por el aval".
La decisión judicial se produce a pesar de que la vigencia del aval está suspendida por un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, como alegó la Generalitat para evitar la ejecución.
En un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de 22 de mayo, la jueza estima la demanda de Bankia y ordena ejecutar esa garantía, por la que la administración ya se vio obligada en 2013 a abonar 4,8 millones correspondientes a intereses de esa deuda, después de que la Fundación VCF comunicase la imposibilidad de hacer frente ese pago y la negociación con Bankia se trasladase a la Generalitat.
Ese aval es objeto de un procedimiento instruido por la titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Valencia, que acordó el pasado 19 diciembre la medida cautelar de suspensión de la ejecución del aval, después de que el TSJCV anulara por defecto de forma -no se dio audiencia a Bankia- una sentencia de esta jueza que declaraba nulo el aval y ordenara volver a iniciar el procedimiento.
Cuatro días después, el 23 de diciembre, Bankia presentó una demanda ejecutiva ante el juzgado de primera instancia número 20 de Valencia para que se ejecutase el aval del IVF a su favor, por importe de 4,2 millones en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, más otros 1,26 millones que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que puedan devengarse durante la ejecución del proceso.
En respuesta, la Abogacía de la Generalitat -en representación del IVF- planteó una declinatoria de jurisdicción por entender competente el orden contencioso-administrativo, contra la que alegó Bankia.
A la vista de esos argumentos, la jueza desestima la declinatoria presentada por la administración autonómica al entender que "este juzgado no carece de jurisdicción para seguir conociendo este proceso de ejecución" de la garantía otorgada a la Fundación VCF.
La Generalitat dice que no pagará
Tras conocer el fallo, desde la Generalitat subrayaron que "no es compatible con otra resolución que determina que la Generalitat no es avalista", en alusión a la dictada el pasado 19 de diciembre.
En ese contexto, los servicios jurídicos de la Generalitat "están estudiando la situación para ver cuál es la decisión que se toma", aunque, según fuentes del Ejecutivo valenciano, "en principio, la Generalitat no se plantea pagar nada porque si realiza una actuación en un sentido o en el otro puede incurrir en una responsabilidad jurídica", dada la "incompatibilidad" de ambas resoluciones judiciales.
Desde la Generalitat remarcan que "hay una tercera vía, la negociación de la oferta vinculante de Peter Lim con la Fundación VCF y Bankia", y que "en el momento en que se llegue a un acuerdo, que parece que está próxima la resolución, quedaría resuelto porque su oferta desvincula a la Generalitat del aval y le devuelve los 4,86 millones".
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