
El vicepresidente y portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha anunciado este viernes que la institución provincial aprobará una moción, propuesta por el grupo popular, para pedir el cierre definitivo del almacén de gas subterráneo Castor y exigir responsabilidades legales tanto a la empresa concesionaria como a los representantes políticos que tramitaron y autorizaron la infraestructura.
La Diputación reafirma así su postura, que ya hizo pública en acuerdos plenarios de 29 de octubre y 17 de diciembre, tras conocer el estudio detallado del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha concluido que "todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas. Revelando además la existencia de una falla en la zona hasta ahora no identificada".
De esta forma, se confirma la relación directa entre los más de 500 seísmos que se registraron en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, lo que deja en evidencia el informe de impacto ambiental.
"Estos resultados avalan que la autorización concedida por el Gobierno en 2010 no se llevo a cabo ni con las condiciones ni con las garantías suficientes", ha apuntado Barrachina.
El Consell pide prudencia
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha señalado este viernes que hay que "ser prudentes" y esperar a tener los resultados de todos los informes que ha encargado el Gobierno de España para decidir si se reabre el almacén de gas subterráneo Castor ya que "anular una licencia concedida, con la ley en la mano, da lugar a una indemnización".
No obstante, Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha recalcado que tal como ayer mismo señaló el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y el ministerio "si no se tiene la certeza al 100 por cien" de que los más de 500 seísmos registrados en la zona no son consecuencia de la inyección de gas el almacén "no se va a abrir". "O se tiene la seguridad absoluta o no se va abrir. Lo dijo Fabra y el Ministerio y así va a ser", ha recalcado.
Al respecto, ha señalado que a los informes del Instituto Geográfico Nacional (IGN)" y del Instituto Geológico y Minero Español (IGME) el Gobierno de España para "cargarse de razón pidió más informes" y "lo más prudente es esperar a que estén todos".